Memorandum-Enero 2020

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noviembre
Número 189- Año XV, Enero de 2020
 

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» Fondos Comunes de Inversión de Retiro. | ^arriba

En el marco del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el Decreto N° 1172/2003 del PEN es de interés comentar la Resolución General No. 819/19 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), por la cual se ha invitado a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la adopción de una reglamentación sobre un “proyecto de Resolución General relativa a Fondos Comunes de Inversión de Retiro” que se encuentra incluído como anexo de ésta última disposición. Se trata de la reglamentación sobre las condiciones y características de los Fondos Comunes de Inversión de Retiro que se estima de interés instaurar para el mercado local, detallándose los aspectos esenciales tales como la calidad de los cuotapartistas, el esquema de suscripción, políticas de inversión, rescate de cuotapartes, plazo mínimo de permanencia y adaptación de fondos existentes al nuevo cuadro regulatorio. En ese sentido se sugiere la creación de un régimen especial y la aplicación supletoria de aquellas disposiciones aplicables en general que prevé la normativa de la CNV. En cuanto a los posibles participantes se limita la posibilidad de suscribir cuotapartes a las personas humanas, empleadores en beneficio de sus empleados y a determinados inversores calificados. El plazo mínimo para el pago de rescates será de 30 días corridos, un plazo de preaviso no mayor a los 25 días corridos y la posibilidad de fijar determinadas épocas o plazos para solicitar los rescates. En caso de que los aportes lo hicieran los empleadores en favor de sus empleados propone la constitución de un fideicomiso de administración, debiendo registrarse el Fideicomiso como cuotapartista del Fondo, en tal caso no podrá actuar como Fiduciario ni la empleadora ni sus controlantes, controladas o vinculadas. En todos los casos, los aportes de los empleadores serán irrevocables en beneficio de los empleados comprendidos.
 

»Emergencia económica.. | ^arriba

La Ley No. 27.541 denominada de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” sancionada por el Senado el 21 de diciembre de 2019 y fue reglamentada parcialmente por el Decreto 99/2019. Entre las principales disposiciones de la extensa normativa podemos comentar: (A) en materia impositiva y previsional: 1.- Moratoria: Se establece una moratoria para deudas fiscales, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30/11/2019 inclusive, o por infracciones cometidas a idéntica fecha, sólo aplicable para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que contempla los beneficios de extinción de las acciones penales, condonación de multas correspondientes a infracciones formales u obligaciones sustanciales, y condonación de intereses resarcitorios y/o punitorios en diferentes proporciones dependiendo de las circunstancias del caso. 2.- Impuesto Sobre los Bienes Personales: Se reemplaza con efectos a partir del período fiscal 2019 la escala progresiva de alícuotas de entre el 0,25% y el 0,75% aplicable a las personas físicas y sucesiones indivisas del país por una nueva que varía entre el 0,50% y el 1,25%, habilitándose al Poder Ejecutivo a fijar alícuotas diferenciales superiores de hasta el 2,50% para gravar los bienes situados en el exterior, así como de disminuirla para el caso de verificarse la repatriación del producto de la realización de los activos financieros allí situados. 3.- Impuesto a las Ganancias: Se suspende hasta los ejercicios que se inicien a partir del 01/01/2021 la reducción al 25% de la alícuota del impuesto a las ganancias (“IG”) aplicable a los sujetos de los incs. a) y b) del art. 73 de la LIG (t.o. 2019) así como el incremento al 13% de la alícuota del impuesto aplicable a la distribución de dividendos contemplada en el segundo párrafo del inc. b) del art. 73 de la LIG (t.o. 2019) y en el art. 97 de dicha norma. Se deroga a partir del período fiscal 2020 el impuesto cedular respecto de los intereses y rendimientos derivados de los depósitos a plazo efectuados en instituciones sujetas al régimen de entidades financieras, títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión y títulos de deuda de fideicomisos financieros, estableciéndose asimismo la exención a partir del mismo período fiscal para los intereses originados en depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público conforme lo determine el BCRA, en todos los casos en tanto sean realizados en instituciones sujetas al régimen de entidades financieras, quedando excluidas de la exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste. Se restablece la vigencia de las exenciones del art. 36 bis de la ley 23.576, del inc. b) del art. 25 de la ley 24.083 y del inc. b) del art. 83 de la ley 24.441. Las personas humanas y sucesiones indivisas estarán exceptuadas de tributar el impuesto cedular respecto de los intereses y rendimientos del período fiscal 2019 derivados de títulos públicos y obligaciones negociables en la medida en que opten por afectar dichos rendimientos al costo computable del título u obligación que los generó. 4.- Nuevo impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria): Se crea un impuesto, por el término de 5 períodos fiscales a partir de la entrada en vigencia de la ley, que se aplicará sobre (a) la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para atesoramiento o sin un destino específico efectuada por residentes en el país, (b) el cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior (o de servicios prestados por sujetos no residentes en el país) que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito, (c) la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, y (d) la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al MULC. La alícuota se fija en el 30% sobre el importe total de la operación en el caso de los apartados (a) a (c), y sobre el precio neto de impuestos y tasas en el caso del apartado (d). Son sujetos del impuesto los residentes en el país que realicen alguna de las operaciones detalladas más arriba, en tanto que deberán actuar en carácter de agentes de percepción y liquidación los sujetos que se indican para cada caso. 5.-Impuesto sobre los créditos y débitos: Se duplica la tasa del impuesto aplicable a los débitos correspondientes a las extracciones de efectivo bajo cualquier forma, no resultando de aplicación el referido incremento a las cuentas cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas que califiquen como micro y pequeñas empresas. 6.-Impuestos internos: Se modifica el régimen aplicable respecto de los bienes comprendidos en el art. 38 de la ley 24.674 (distintos tipos de vehículos automotores, motociclos, chasis con motor, etc.), estableciéndose nuevos límites para exenciones y nuevas bases imponibles, así como la incorporación de nuevas categorías de valores y alícuotas incrementadas según el caso; (B) en materia laboral y de contribuciones patronales: 1.- Contribuciones patronales: Las alícuotas de las contribuciones patronales correspondientes a los subsistemas de las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (SIPA) y 24.714 (Asignaciones Familiares) se fijan en el 20,40% para los empleadores del sector privado cuya actividad principal encuadre en los sectores “servicios” o “comercio” y en la medida en que sus ventas totales anuales superen los límites para la categorización como empresa mediana tramo dos, y en el 18% para los restantes empleadores del sector privado. Se establece la posibilidad de computar como crédito fiscal de IVA un determinado porcentaje de las referidas contribuciones, un mínimo no imponible de $ 7.003,68 mensuales por trabajador (con particularidades para ciertos casos), y una detracción adicional de hasta $ 10.000 mensuales sobre el total de las contribuciones determinadas para los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados. 2.- Aumentos salariales. El PEN podrá disponer que en forma obligatoria los empleadores del sector privado otorguen aumentos a sus empleados; 3.- Aportes y Contribuciones sobre los aumentos. El PEN podrá disponer también que dichos aumentos no tributen aportes ni contribuciones patronales; 4.- Exenciones. El PEN podrá disponer la reducción de aportes y contribuciones patronales para ciertas actividades o en ciertas situaciones críticas. (C) en materia societaria: se suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 la aplicación del inciso 5 del art. 94 y el art. 206 LGS que se refiere a las sociedades que hubiera perdido la totalidad de su capital o bien incurrido en pérdidas superiores al 50% de su capital y el 100% de sus reservas legales. Otras disposiciones de la Ley 25.471 tratan lo relativo a servicios públicos, sistema energético, ajuste por inflación impositivo, movilidad de haberes jubilatorios, emergencia sanitaria, etc.

Acompañamos el texto completo de la Ley 27.541 y de su reglamentación parcial en estos links: DOC 01 - DOC 02 - DOC 03

» Incremento salarial. | ^arriba

El Decreto 14/2020 dispuso un incremento salarial para el sector privado (trabajadores en relación de dependencia) con fundamento en el régimen de emergencia pública comentado líneas arriba. Será obligatorio para todos los trabajadores y tendrá carácter remunerativo. Su importe será de $ 3000 mil para el mes de enero y $ 1000 para el mes de Febrero 2020. Será absorbido por futuras negociaciones paritarias y su itemización en el recibo correspondiente (art. 52 LCT) será “incremento solidario”. No se lo tomará en cuenta para ningún adicional salarial previsto en los convenios colectivos o contratos particulares, salvo que en la negociación colectiva se establezca algo distinto. Su monto se proporcionará en caso que la jornada de trabajo sea menor a la normal y habitual del sector o actividad. Para los empleadores Pymes o MiPymes se les ha otorgado una facilidad crediticia (plazo) para el pago de las contribuciones patronales correspondientes a este aumento. Algunos sectores no tendrán este incremento (regímenes especiales) pero se estima que los representantes patronales y empleados negociarán acuerdos similares a la brevedad.

» Nuevos montos minimos para apelaciones. | ^arriba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó dos acordadas en los últimos días de diciembre de 2019 relativos al tema del título. Estableció actualizaciones a los montos mínimos exigidos para interponer apelaciones con destino a su tratamiento por el Tribunal y elevó el importe exigido como “depósito previo” para habilitar su competencia a través del recurso de queja. Mediante la Acordada N° 40/2019 estableció el monto del depósito previo para interponer el recurso de queja por denegación de Recurso Extraordinario (art. 286 Cod. Proc. Civ. y Com. de la Nación) en la suma de $ 100.000 (Pesos cien mil) siendo el importe anterior $ 40.000. Por otro lado la Acordada N° 41/2019 fijó el monto mínimo para apelar sentencias definitivas (art. 242 Cod. Proc. Civ. y Com. de la Nación) en $ 300.000 (pesos trescientos mil) siendo el importe anterior $ 150.000. Estos nuevos valores regirán desde Enero de 2020.

 

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