Memorandum-junio 2020

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noviembre
Número 190- Año XV, Junio de 2020
 

Lectura sugerida:

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El texto recibiría este lunes el aval en la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja. Hoy expusieron empresarios y cámaras tecnológicas

 

 

»IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. CONVENIO MULTILATERAL.. | ^arriba

Mediante sentencia dictada el 6 de marzo de 2020 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó parcialmente la resolución dictada en primera instancia, ratificando la aplicación del régimen especial dispuesto por el art. 9 del Convenio Multilateral del 18 de Agosto de 1977 relativo a la actividad que pasamos a comentar. En autos “Transportadora de Gas del Norte S.A. c./Gasnor S.A. y otro s/ cumplimiento de contrato” la Sala debió resolver la apelación interpuesta por la parte actora respecto del punto de partida del cómputo de intereses y por la parte demandada respecto al modo en que se resolviera la cuestión de fondo por la primera instancia del caso. La empresa actora (“TGN”) desarrolla su actividad económica en distintas provincias y había iniciado con Gasnor S.A. una relación comercial en virtud de la cual la primera prestaba a la segunda el servicio de transporte firme e ininterrumpible de gas natural. Entre noviembre de 2011 y abril de 2013 esta última descontó de las facturas emitidas por “TGN” ciertos importes en concepto de I.I.B. de la Provincia de Tucumán, por lo que TGN inició las actuaciones con el objeto de que Gasnor SA le reintegrase los mismos por no corresponder. La primera instancia judicial hizo lugar a la acción y condenó a la demandada al pago de $301.563,26 con más sus intereses y costas, sentencia apelada por ambas partes. La Sala III hizo alusión a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en punto a los fines del Convenio Multilateral y en ese contexto concluye que asiste razón al planteo de “TGN” por lo que la misma debe aplicar lo previsto en el régimen especial del art. 9° del mismo, atribuyendo la totalidad de la base imponible a la jurisdicción de origen. En cuanto al hito inicial de los intereses entendió aplicable la disposición 7.a) del Decreto 2255/1992 según la cual el cargador pagará al transportista “el o antes del día 20 de cada mes” la factura por el servicio de gas prestado por el transportista durante el mes calendario inmediato anterior. Corrigió así la parte del fallo de primera instancia que había dispuesto de otro modo.

»PREVALENCIA DE INFORMALISMO EN LOS RECLAMOS DE CONSUMIDORES. | ^arriba

Por resolución de fecha 11 de Marzo de 2020 la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la sentencia de primera instancia mediante la cual se rechazaba la legitimación procesal por insuficiencia del instrumento de representación. Así lo dispuso en la causa “Vendramini, Pablo Hugo c. Banco Patagonia S.A. s/Ordinario” donde se había iniciado con la acreditación simple de personería. El juez de grado entendió que ello no cumplía con los requisitos de los artículos 363 y 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación y 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Sala B revocó la decisión con sustento en el dictamen fiscal recurriendo al análisis de la sustancia del pleito, esto es un reclamo de consumidor de la Ley No. 24.240 y modificatorias, que establece la gratuidad de los procedimientos y la posibilidad de acreditar personería con acta poder simple. Hizo prevalencia del carácter protectorio de la ley citada y de los derechos constitucionales que la motivaron por sobre las disposiciones procesales de los códigos de rito.

»COMISION NACIONAL DE VALORES. PAUTAS DE INVERSION PARA FCI. | ^arriba

Por Res. Gral. No. 836 del 29 de Abril de 2020 la Comisión Nacional de Valores modificó la pautas de inversión para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) sujetos a su control, con el objetivo de lograr la canalización de tales ahorros en actividades productivas de interés para la economía nacional. Se dispuso que el 75% de su patrimonio debía consistir en instrumentos financieros o valores negociables emitidos y negociados en el país en moneda nacional o bien en Estados Parte del Mercosur o en la República de Chile, disponiéndose un cronograma de adecuación para aquellos FCI que a la fecha de vigencia de la nueva normativa registraran un exceso en la integración. La Res. Gral. No. 838 del 12 de Mayo ppdo. viene a complementar aquélla disposición estableciendo pautas para las inversiones consistentes en activos denominados en moneda extranjera pero pagaderos en moneda local como también la excepción para aquellos instrumentos emitidos en moneda extranjera que fueran destinados al canje de la deuda pública (Decreto No. 391/2020). A tal fin la reglamentación dispone que se permite la reinversión de aquellos instrumentos financieros emitidos en moneda extranjera pero pagaderos en moneda local que estén destinados al financiamiento de Pymes o de proyectos productivos o infraestructura de economías regionales o de títulos de deuda pública provincial o municipal. Y que los emitidos en moneda extranjera destinados al canje de deuda soberana no están alcanzados por las reglas de la Resolución General No. 836/2020 ya comentada.

Acompañamos el texto de la Res. Gral. 838 en este link

 

»LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. CORONAVIRUS. | ^arriba

El Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/2020 estableció que la enfermedad COVID-19 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- respecto de los trabajadores dependientes que fueron excluidos del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias. Ello en tanto corresponde proteger a dichos trabajadores a fin de realizar las actividades declaradas esenciales y en tanto dure la pandemia. Ante esta novedad las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo estarán obligadas a cubrir tal patología como una enfermedad profesional en tanto la Comisión Médica Central determine el carácter profesional de la mencionada patología. Asimismo, dicha comisión deberá establecer también la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se presume que la enfermedad gestada por el coronavirus guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este supuesto fáctico. Las disposiciones del nuevo DNU en comentario se aplicarán a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido desde el 19 de marzo de 2020.

Acompañamos copia del Decreto 367/2020 en el link

»LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. SUSPENSIONES. | ^arriba

 

Con motivo de un acuerdo marco celebrado entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo se dictó la Resolución ministerial Nº 397/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este dispositivo establece la simplificación del sistema de homologación administrativa para los casos de suspensiones de trabajo y correspondiente pago de salarios del personal afectado por el aislamiento social preventivo y obligatorio, de conformidad con los supuestos contemplados en el art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Las condiciones de los acuerdos para su homologación son: (i) El plazo de vigencia de esta suspensión será de hasta 60 días, con efectos a partir del 1º de abril de 2020; (ii) El monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre éste monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23660 y 23661 y el pago de la cuota sindical; (iii) En el caso de que se declare aplicable en una empresa el pago complementario previsto en el Art. 8 del DNU 376/20 y sus normas complementarias, el monto de la asignación complementaria que abone la ANSeS -que en ningún caso será inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil- será considerado parte de la prestación dineraria anteriormente ordenada, de manera que el importe a cargo del empleador lo complementará hasta alcanzar el porcentaje establecido; (iv) Sólamente en esas condiciones o cuando se establezca un porcentual mayor, la autoridad de aplicación homologará en forma automática los acuerdos que se presenten; en caso contrario el acuerdo que presenten los sectores empresarios y sindicales será sometido a evaluación; (v) Los empleadores podrán disponer la aplicación de las suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial, según sus respectivas realidades productivas; (vi) No podrán ser incluidos en esta modalidad aquellos trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento en cumplimiento de lo establecido en el art. 1 de la Resolución MTEySS Nº 279; (vii) No podrán ser incluidos en esta modalidad los trabajadores excluidos del deber de asistencia al lugar de trabajo por la dispensa contenida en la regulación relativa a personas con riesgo en la salud (mayores o patologías preexistentes); (viii) El mecanismo abreviado aquí previsto no será de aplicación para la situación de quienes hubieren ya acordado o acuerden en el futuro otros criterios de suspensión. Por último se prevé que quienes se adhieran a esta modalidad homologatoria deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones.

 

»AFIP. SUSPENSION DE EJECUCIONES JUDICIALES. | ^arriba

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictó la Res. Gral. 4730/20 por la cual decidió la suspensión, hasta el día 30 de junio de 2020, del inicio de juicios de ejecución fiscal, sin perjuicio de que respecto de las causas de esa naturaleza ya iniciadas, los abogados y procuradores a cargo deberán realizar aquellos actos tendientes a evitar la prescripción de las acciones y/o poderes de determinación y fiscalización de la Administración respecto de los tributos y gabelas objeto de reclamo.

Dicha medida procura garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes y al mismo tiempo facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Destaca la Administración que en el caso del interior del país la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dispuesto la rehabilitación gradual de la actividad judicial suspendida desde el inicio de la pandemia COVID-19, razón por la cual la medida en comentario alcanza con más razón a los procesos localizados en dichas sedes.

 

 

 

 

 

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