Memorandum-Abril 2020

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noviembre
Número 190- Año XV, Abril de 2020
 

Lectura sugerida:
»COMPILADO DE NORMAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19

El link bajara en su computadora, en version PDF toda la legislacion en el marco de la Pandemia.-

 

 

» Aislamiento social, preventivo y obligatorio.. | ^arriba

Cabe recordar que en la edición del Boletín Oficial del 20 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo dictó el DECNU-2020-297-APN-PTE, a través del cual se determinó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el País o se encuentren en él en forma temporaria. Dicha aislamiento tendrá lugar entre 20 y 31 de marzo de 2020. Este plazo fue posteriormente extendido hasta el 11 de Abril y luego hasta el 26 de Abril.

El art. 6 de dicho decreto exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en el marco de la emergencia sanitaria que atravesamos en estos momentos. El día 20 de marzo se publicó un suplemento al boletín oficial correspondiente a la edición Nº 34.334. Mediante la norma DECAD-2020-429-APN-JGM el Jefe de Gabinete de Ministros aclara e incorpora actividades exceptuadas al cumplimiento de la medida decretada.

Las actividades exceptuadas de cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” son: 1) Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias, podrán solicitar autorización a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su actividad y dotación de personal; 2) Producción y distribución de biocombustibles; 3) Operación de centrales nucleares; 4) Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. También deberán garantizar las prestaciones a las personas que se hallaren alojadas en los mismos a la fecha del dictado del Decreto N° 297/20; 5) Dotación de personal mínima necesaria para la operación de la Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martín S.A.; 6) Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y de la de sus regulados, en caso de resultar necesario; 7) Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacionamientos, con dotaciones mínimas; 8) Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera; 9) Curtiembres, con dotación mínima, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica; 10) Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con sujeción al protocolo específico de la autoridad sanitaria.

Asimismo, se permite la circulación de Ministros (sacerdotes, pastores, rabinos y demás representantes religiosos) de diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Por último, se aclara que el inc. 12 del artículo 6° del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

 

» Contribuciones Patronales. | | ^arriba

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Resolución Nº 279/2020 publicada en el Boletín Oficial con fecha 1º de abril de 2020 derogó la Resolución Ministerial Nº 219/2020, en virtud de la cual se habilitaba a los empleadores a consignar como sumas no remunerativas el pago del salario de aquellos trabajadores cuyas labores, por la naturaleza de las mismas, no permitieran su realización a distancia o fuera del establecimiento, es decir, en los domicilios de los trabajadores.

En consecuencia, independientemente de las labores desempeñadas por los dependientes, y aun en aquellos casos en que estos no puedan prestar tareas, el empleador deberá igualmente abonar tanto el salario como las cargas sociales correspondientes, mientras se encuentre vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

Se mantiene lo dispuesto respecto de que en el marco de la buena fe contractual, en los casos en que sea posible, el trabajador deberá prestar tareas desde su domicilio, debiendo acordar con su empleador las condiciones en que lo realizará, de que la reorganización de la jornada de trabajo para asegurar la continuidad de las actividades esenciales será considerado como un ejercicio razonable del iusvariandi y que la contratación de personal mientras dure el aislamiento podrá ser considerada como temporaria. No obstante, se eliminó la reducción de las contribuciones patronales, para todos los casos.

Vale destacar que la propia Resolución indica expresamente en su artículo 8º que la misma comenzará a regir desde la entrada en vigor de la resolución que ella misma deroga, esto es, la Resolución Nº 219/2020, dictada por el Ministerio de Trabajo once días antes.

»Prohibición de Despidos y Suspensiones. | ^arriba

En el marco de la emergencia pública originada por el Coronavirus COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 329/2020 dispuso la prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días, a partir de la fecha de publicación del mismo.

Asimismo, y por igual plazo, se prohíben también las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, quedando exceptuadas aquellas suspensiones previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir aquellas acordadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación.

En general la doctrina considera que la excepción hace alusión a las suspensiones que se pudieran acordar con la asociación sindical que representa a los trabajadores de la empresa, homologadas ante el Ministerio de Trabajo, conforme lo establece la reglamentación.  En caso de lograrse el acuerdo con la organización sindical, se deberán analizar las distintas vías para plasmar el mismo (en documentos escritos, documentos digitales, videoconferencia) en atención a las limitaciones generadas por la disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio, para que una vez levantado el asueto de los organismos públicos pueda ser sometido a homologación de la autoridad competente.

Finalmente, el decreto agrega que aquellos despidos y suspensiones que se dispongan en mientras se encuentre en vigor el presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

 

»Certificado Único Habilitante para la Circulación. | ^arriba

En fecha 1/4/2020 entró en vigencia la Decisión Administrativa N° 446/2020 emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, vinculada al certificado único habilitante para la circulación, mediante la cual se dispone que a partir del 6/4/2020 el instrumento para validar la situación de quienes se encuentren comprendidos dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto Nº 297/20 y en la  Decisión Administrativa N° 429/20 y sus modificatorias y complementarias, dictadas en el marco de la emergencia del COVID 19 será el: “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” (Certificado), el cual tendrá vigencia por el plazo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Vale destacar que el Art. 2 exceptúa de la obligación de tramitar y portar el Certificado las personas incluidas en los supuestos previstos en los incisos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 24 del Art. 6º del Decreto Nº 297/20 y del Art. 1° punto 2 de la Decisión Administrativa N° 429/20, quienes deberán acreditar su condición a través de las formalidades y procedimientos que las autoridades competentes establezcan a tal fin.
El certificado no aplica para aquellas personas que deban desplazarse por supuestos de fuerza mayor de acuerdo a lo establecido por el artículo 6°, inciso 6°, del Decreto N° 297/20, quienes deberán acreditar tal extremo mediante documentación fehaciente que dé cuenta del suceso acaecido.

Asimismo resulta importante destacar que conforme se establece en el Art. 3 los certificados emitidos en diversos formatos perderán vigencia a partir del 6 de abril de 2020.

 

»Programa de Asistencia de Emergencia Al Trabajo y la Producción. | ^arriba

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 332/2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la creación de un nuevo programa de asistencia a fin de paliar los efectos negativos que el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto el 20 de marzo de 2020 a raíz de la pandemia COVID-19.

El Programa consiste en la obtención, por parte de las compañías afectadas, de uno o más de los siguientes beneficios:

(i) Postergación o reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Quienes accedan a este programa, podrán optar por uno de los siguientes beneficios:

a. Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
b. Reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril de 2020.

Vale destacar que en este último caso, el beneficio solo será para empleadores cuyo número total de trabajadores en relación de dependencia, al 29 de febrero de 2020, no supere la cantidad de SESENTA (60).

Aquellos empleadores cuya nómina supere dicha cantidad sólo podrán gozar del mencionado beneficio previo a promover el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas.

(ii) Asignación Compensatoria al Salario: Este beneficio consiste en una asignación abonada por el Estado a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para todos o parte de los trabajadores comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N° 14.250 –es decir, personal encuadrado en convenio colectivo-, siempre y cuando se trate de empleadores con una nómina de hasta CIEN (100) dependientes. El monto de la asignación se determinará de la siguiente manera:

• Para los empleadores de hasta VEINTICINCO (25) trabajadores: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
• Para los empleadores de VEINTISÉIS (26) a SESENTA (60) trabajadores: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de hasta un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
• Para los empleadores de SESENTA Y UN (61) a CIEN (100) trabajadores: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de hasta un CINCUENTA (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Vale destacar que esta asignación se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones del personal afectado, debiendo los empleadores abonar el saldo restante de aquellas hasta completar las mismas, considerándose dicho saldo remuneración a todos los efectos legales y convencionales. Es decir, que tiene carácter remunerativo. Por ello, el empleador deberá retener la parte correspondiente a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino y obra social y el aporte al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP).

Por otra parte, en caso de que el empleador suspenda la prestación laboral, el monto de la asignación se reducirá en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y podrá ser considerada como parte de la prestación no remunerativa definida en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (suspensiones acordadas con el sindicato de la actividad y homologadas ante el Ministerio de Trabajo).

(iii) REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Suma no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino abonada por el Estado (a través del Programa de Recuperación Productiva a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL) a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N° 14.250 –es decir, personal encuadrado en convenio colectivo-, cuando la nómina de empleados de la empresa supere los CIEN (100) trabajadores.

Este programa se aplica a aquellas empresas no incluidas dentro del beneficio de asignación compensatoria al salario y que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto para acceder a alguno de los beneficios.
La prestación por trabajador tendrá un mínimo de PESOS SEIS MIL ($6.000) y un máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000).

(iv) Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nº 24.013 y 25.371 accederán a una prestación económica por desempleo.

 

»Inspección General de Justicia. | ^arriba

Con fecha 27 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia, la cual regula la realización de reuniones a distancia de las personas jurídicas sujetas a su fiscalización, tanto respecto de sus órganos de administración como de gobierno, siempre que estén establecidas estatutariamente y con las condiciones estipuladas en dicha norma.  Con relación a las sociedades, se modificó el artículo anterior de la Resolución General 7/2015 (art. 84) que regulaba las reuniones a distancia, la cual en su versión anterior sólo permitía este procedimiento en el órgano de administración, extendiéndolo también al órgano de gobierno. Asimismo eliminó el requisito de que el quórum de las mismas se configure con la presencia física en el lugar de celebración de los integrantes necesarios para ello. En virtud de lo expuesto, establece que los estatutos pueden prever mecanismos para las que reuniones de ambos órganos se realicen a distancia siempre que se garantice:

(i) la libre accesibilidad de todos los participantes;
(ii) la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 
(iii) la participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 
(iv) que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; 
(v) que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite; 
(vi) que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social y
(vii) que en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. En igual sentido se modificó la reglamentación relativa a las Asociaciones Civiles.

No obstante ello, se dispone transitoriamente que durante todo el período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restringa la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, se admitirán las reuniones del órgano de administración o de gobierno de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando sean celebrados con todos los recaudos previstos mencionados en la resolución, aun en los supuestos en que el estatuto social no las hubieran previsto.

»Comunicación A - 6949 Del Banco Central de La R. Argentina. | ^arriba

El 1 de Abril de 2020 el Banco Central de la República Argentina dictó la Comunicación “A” 6949, cuyas disposiciones más salientes son: (i) La prohibición a las entidades financieras y cambiaras de abrir sus casas operativas al público en general (con una excepción a partir del día 3/04/2020 para la atención a clientes beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del SIPA o aquellos cuyo administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la CABA, o beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la ANSES u otro ente administrador de pagos); (ii) El establecimiento que los saldos impagos correspondientes a vencimientos de asistencias crediticias financieras (a excepción de las otorgadas al sector financiero), que operen desde el 1/04/2020 hasta el 30/06/2020, sólo podrán devengar el interés compensatorio previsto contractualmente, pero no uno punitorio ni ninguna otra penalidad; (iii) La obligación a las entidades financieras de adoptar medidas necesarias a fin de habilitar “buzones de depósito” y un sistema de recepción de efectivo por montos mayores en todas sus sucursales; (iv) La disposición de que todas las entidades financieras que sean agentes financieros de gobiernos provinciales, municipales o de la CABA, arbitren los medios para proveer, a partir del 1/04/2020, el efectivo que los entes estatales correspondientes requieran extraer de las pertinentes cuentas; (v) El límite máximo de la tasa de interés en las operaciones de crédito, para saldos de financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito, equivalente a una tasa nominal anual del 49%.

 

 

 

 

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