Memorandum-Diciembre 2019

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noviembre
Número 188- Año XIV, Diciembre de 2019
 

Lectura sugerida:

» Polémica por el impuesto del 30% al dólar: diferencias entre sanción,
promulgación y publicación de la ley.

Algunas empresas comenzaron a aplicar el cargo, pero falta un paso
decisivo para que pueda hacerlo. Consecuencias legales de cada paso.

 

» Reforma a la Ley de Locaciones. | ^arriba

El pasado 20/11/2019 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de reforma a la “ley de alquileres” (192 votos a favor, 23 abstenciones) para regular las relaciones entre locadores y locatarios de inmuebles. En síntesis se trata de disposiciones relativas al denominado orden público de protección o tambien su coetáneo orden público de dirección (Carnaghi, M.C. en “L.L. 22/7/2015). Las novedades consiste en: (i) que el ajuste del precio del contrato deberá efectuarse anualmente, utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales de la inflación (índice de precios al consumidor que mide el INDEC) y de los salarios (índice RIPTE elaborado por ANSES); (ii) el plazo mínimo para locaciones (cualquiera sea su destino) pasará a ser de tres (3) años; (iii) se fija un plazo (30 días corridos desde la firma) para que el locador registre el contrato ante el Registro de la Propiedad Inmueble, posibilidad que también le cabe al locatario; (iv) en los contratos de locación de vivienda, las expensas extraordinarias serán responsabilidad exclusiva del propietario. El locatario sólo deberá afrontar las expensas que incluyen los “gastos habituales” (es decir, aquellas relativas a servicios normales y permanentes del edificio); (v) en locaciones habitacionales, sólo podrá exigirse un (1) mes de depósito de garantía y el mismo deberá ser restituido actualizado conforme al valor del último mes de alquiler; (vi) los corredores inmobiliarios que intervengan en las operaciones de alquiler tendrán derecho a requerir el pago de una comisión tanto al locatario como al locador; (vii) se elimina el pago de indemnización en caso de resolución anticipada del contrato por parte del locatario para el caso que éste haya notificado al locador su voluntad en tal sentido con una antipación no inferior a tres (3) meses de la fecha prevista para la finalización.
 

» Régimen de promoción de la economía del conocimiento. | ^arriba

En el mes de octubre ppdo. se publicó el Decreto N° 708/19 mediante el cual se reglamentó de la Ley n° 27.506 relativa al “Régimen de la Promoción de la Economía del Conocimiento”. Los puntos a destacar son los siguientes: (i) para acceder a los beneficios, las empresas deberán contar con un mínimo de 6 meses en actividad; (ii) se acepta la capacitación de los empleados como una forma de inversión; (iii) se postula la simplificación del proceso de presentación de la información para las empresas postulantes, dado que se extraéran datos de bases públicas que sobre tales empresas ya existan en otros organismos públicos; (iv) el trámite se podrá realizar por la plataforma de Tramite a Distancia (TAD); (v) para permitir que los beneficiarios se mantengan registrados la autoridad de aplicación verificará anualmente que el sujeto mantenga el cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa; (vi) la misma autoridad será la encargada de dictar la normativa para formalizar el traspaso de beneficiarios de la Ley N° 25.922 (Ley del Software) al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley No. 27.506). Para esto último se requiere la conformidad de la empresa beneficiaria de aquél régimen legal.

Acompañamos el texto del Decreto 708/19 en este link

» Derecho Colectivo del Trabajo. | ^arriba

El auge de inversiones en materia energética origina algunos planteos en la materia del título. Es habitual que se plantéen discusiones o exigencias sindicales en algunos estamentos de la industria dirigidos a empresas proveedoras que no tienen encuadramiento en el CCT del sector. Esto ocurre en los dos niveles del negocio (extracción y refinación). Debemos recordar que las situaciones mencionadas deben ubicarse normativamente en el ámbito de la Ley 14.250 y sus modificatorias, incluyendo los distintos “laudos” que puede dictar el Ministerio de Trabajo (nivel nacional) como también sus pares provinciales. El alcance convencional puede diseñarse desde distintos parámetros: actividad, profesión, oficio, categoría o empresa. Y en tanto celebrado por la organización representativa será de aplicación oblgatoria con independencia de la afiliación o no de los empleados (arts. 8 y 9 ley citada). En un caso reciente se trataba de la actividad de medición y testeo de equipos o implementos utilizados en la industria. La actividad del prestador, definida claramente en su muy acotado objeto social empresarial, corroborado por documentación técnica acerca de devenir la misma su única actividad económica generadora de ingresos, determina que ella no es encuadrable en la situación definitoria (alcance) de los Convenios Colectivos de Trabajo aplicables a quien recibe sus servicios, empresa cliente o recipendaria, ésta sí indudablemente afectada por los CCT del sector, para citar sólo los más conocidos el CCT No. 299/98 o el CCT No. 328/00. Recomendamos una respuesta adecuada y puntual sobre la materia para dejar clarificada la cuestión con premura y sin incertidumbres. No se ignora que un reclamo de estas características podría escalar y expandirse, pero entonces se tratará de un conflicto de representatividad donde en principio deberán interactuar los sindicatos involucrados y la autoridad laboral, sin intervención de las partes empleadoras.

» Registro único tributario. | ^arriba

El 4 de noviembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General n° 4624 de la A.F.I.P. Mediante la cual se implementa el “Registro Único Tributario-Padrón Federal”. Dicho registro, tiene como finalidad promover la simplificación y unificación de las inscripciones y registros de los contribuyentes del orden tributario nacional y de las administraciones tributarias locales que adhieran al mismo mediante convenios o normas particulares. El mencionado registro será administrado por la propia A.F.I.P. En el mismo se tomará razón de contribuyentes impactados por: (i) los impuestos nacionales cuya percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la AFIP; (ii) el impuesto sobre los ingresos brutos cuya aplicación se encuentra a cargo de las administraciones tributarias provinciales adheridas y de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y (iii) los tributos municipales que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de las jurisdicciones adheridas. La norma en comentario rige desde el día 4 de noviembre y sus disposiciones resultarán de aplicación a partir de la fecha de implementación del “Registro” por parte de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y de al menos una administración tributaria provincial, lo cual será anunciado en el sitio “web” institucional de la A.F.I.P.

» Limitaciones a la firma digital. | ^arriba
Con fundamento en la acción de amparo promovida por el Colegio de Escribanos contra la disposición del Decreto No. 182/19 que equiparaba la firma digital a la firma ológrafa como si se tratara de una certificación notarial, el Poder Ejecutivo dispuso modificar el art. 2 del mismo a través de otro Decreto, que lleva el No. 774/19 y fue publicado el 19 de noviembre ppdo. en el Boletin Oficial de la Nación, cuyo objetivo fue aclarar la cuestión en comentario para “…evitar posibles interpretaciones que impliquen una eventual contraposición con el derecho de fondo…” Ahora la disposición reglamentaria de la ley de firma digital dice algo distinto, dado que no se equipara al documento firmado digitalmente con el documento notarizado, sino al documento auténtico, pero circunscripto al ámbito específico de la administración pública nacional centralizada y descentralizada. De este modo queda aclarado que la ley 25.506 en ninguna de sus disposiciones permite sostener que la firma digital quede equiparada a una firma debidamente autenticada o certificada notarialmente y por lo tanto, un documento suscripto digitalmente no puede ser asimilado al instrumento privado con firma certificada ante notario y mucho menos a un instrumento público.

Publicamos el texto del Decreto 774/19 en este link
 

» Protocolos familiares. | ^arriba
Debido al incremento de casos que se van presentando en el desempeño profesional, resulta de interés comentar algunos aspectos de la conexidad entre el derecho de contratos y el derecho sucesorio. En particular el alcance de las nuevas disposiciones que rigen en el país acerca de los llamados “protocolos familiares”. Este instrumento es evidentemente útil para la planificación patrimonial y el mantenimiento del control en empresas (cualquiera sea su tipología legal, societaria, etc.) en las cuales se pretende la conservación del patrimonio y la eficientización de la gestión, de modo de aunar el éxito en dos puntales: el de la empresa (económico) y el de la familia (donde la cuestión sucesoria se plantea generalmente teñida del orden público). Nuestro primer Código Civil contenía pocas disposiciones al respecto por ser ajeno el planteo que ahora es actual a la época de su dictado y vigencia. Pero el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación contempla disposiciones al respecto, producto del avance de los conceptos y las ideas-fuerza y de las experiencias foráneas en la materia. Se mantiene la prohibición genérica de prohibir contratos sobre herencia futura o institución hereditaria pero se admiten los pactos familiares destinados la conservación de la empresa o a la prevención de conflictos con motivo de disputas entre herederos. Los limites permitidos llegan hasta la legítima y los derechos de cónyuge y derechos de terceros. Debemos también notar que la indivisión hereditaria es factible no sólo para bienes uti singuli sino también para el establecimiento comercial, industrial, agrícola, etc. y para las acciones o cuotas de sociedades que titulicen dichos emprendimientos, siempre que la restricción no supere los 10 años. En todos los casos, hacemos notar, ha menester la coexistencia de puntos trascendentales sin los cuales un acuerdo entre co-herederos no tiene las características de protocolo, a saber: (i) la organización de la gestión, con sus responsables, roles y compensaciones; (ii) la limitación de las restricciones únicamente al o los establecimientos que configuren “empresa” y (iii) la publicidad del protocolo y su impregnación en los documentos societarios donde se manifieste la titularidad accionaria o de participaciones, de modo de proteger los intereses de terceros y evitar cuestionamientos de índole administrativa o fiscal. Por lo general advertimos la presencia de mecanismos no adversariales para la solución de conflictos entre los suscriptores del protocolo, aspecto que si resulta ágil concluye aportando todos los elementos necesarios para la buena gestión del negocio.

 

 

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