Memorandum-Marzo 2020

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noviembre
Número 190- Año XV, Marzo de 2020
 

Lectura sugerida:

» Polémica por la "zona gris" de la cuarentena: ¿siempre es delito infringir el aislamiento?

En los últimos días se dieron a conocer casos de personas que regresaron del exterior y decidieron no cumplir con las normas. Cómo siguen los casos

 

 

» Inspección general de justicia. Asoc. Civiles. | ^arriba

La Resolución General 1/2020 del organismo del título fue publicada el 19 de Febrero pasado y establece que las personas humanas que se propongan constituir una asociación civil de primer grado cuyo objeto principal sea la promoción y atención de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables y/o comunidades étnicas que presenten condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o la promoción y atención de cuestiones de género o la actuación como cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios a la comunidad, podrán optar por la formalización de su acto constitutivo mediante el instrumento público extendido: a) por escribano o b) por funcionario público. Esto último con la finalidad de facilitar la creación de la entidad debido a los fines que su constitución persigue, conforme se indica en los considerandos de la norma. Se establece la exención del pago del arancel de constitución y del correspondiente a la reserva de denominación, como así también posteriormente del de la individualización y rúbrica de los libros obligatorios. Se regula el procedimiento para el trámite, con la presentación de un anteproyecto, detalles para la formalización del acta constitutiva, fijación del patrimonio inicial, depósito del importe correspondiente ante la entidad bancaria oficial, elevación del documento al director del organismo y finalmente su aprobación e inscripción.

Acompañamos el texto de la Res. Gral. 1/2020 en este link

 

» Régimen de relevamiento de activos y pasivos externos. | | ^arriba

El Banco Central de la República Argentina, a través de la Comunicación B. 11.951 del 14 de Febrero de 2020 dispuso prorrogar el vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual 2019 y del cuarto trimestre de 2019 hasta el 21 de Febrero de 2020. Se trata del régimen de relevamiento de activos y pasivos externos instaurado por la Comunicación A-6795 del 27 de Septiembre de 2019 que esquematizó los plazos y requisitos de las presentaciones de años precedentes (originalmente Comunicación A-4237, luego Comunicación A-6401, etc.) basándose en un esquema de ponderación de magnitudes de tráfico comercial (declaración anual y trimestral; declaración anual y declaración anual simplificada). Cabe aclarar que aún no encontrándose en ninguna de las definiciones técnicas que obliguen a un sujeto a informar, éste deberá hacerlo si tuviera deuda con no residentes. A nivel impositivo debemos traer a colación regìmenes informativos similares, la Res. Gral. 1926 de AFIP (ingreso de fondos radicados en el exterior que tuvieran origen en ciertas operaciones definidas en el Anexo II de su texto) y la Res. Gral. 3285 (anteriormente Res. Gral. 1375) en relación a operaciones económicas de cualquier naturaleza, aún celebradas a título gratuito, concertadas entre residentes en el país y quienes actúen en calidad de representantes de sujetos o entes del exterior.

 

 

»Movilidad Jubilatoria. | ^arriba

 

El Decreto 163/2020 del Poder Ejecutivo Nacional estableció un incremento porcentual del 2,3% sobre los haberes devengados de Febrero 2020 más una suma fija de $ 1500 para las prestaciones previsionales a cargo del ANSeS otorgadas en virtud de la Ley 24.241 y sus modificatorias. En cuanto a las asignaciones familiares de la Ley 24.714 estableció un incremento del 13% según los importes que venían establecidos en las resoluciones respectivas del organismo mencionado, todo lo cual empezará a regir a partir del 1 de Marzo de 2020. Esta norma fue cuestionada ya en el ámbito judicial por el Defensor de la Tercera Edad y se espera una resolución al respecto en los próximos meses (amparo colectivo, Juzgado Federal de la Seguridad Social No. 9, “Lezaun S.I. y otros c/ANSeS s/Amparo Sumarísimo”). Cabe recordar que la Ley 27.541 (emergencia económica) dispuso la suspensión por 180 dias del instituto “movilidad jubilatoria” establecida en las leyes que rigen la materia, cuya fórmula contemplaba un mix de índices (precios minoristas por un lado y variación salarial promedio por el otro).

Publicamos el texto del Decreto 163/2020 en en este link.

 

»Impuesto de sellos. Fallo de la Corte Suprema de Justicia De La Nación. | ^arriba

La CSJN declaró la inconstitucionalidad del régimen establecido por la ley provincial 14.333 en relación al impuesto de sellos reclamada por la firma accionante, dispositivo mediante el cual se fijó una alícuota diferencial mayor a los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la provincia pero concertados en instrumentos públicos o privados otorgados fuera de ella. Asi lo estableció en autos “Desarrollos al Costo SRL c. Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. La condena contra el fisco provincial prosperó y se determinó el importe a pagar en la liquidación respectiva. Sin embargo ésta fue impugnada por el Estado Provincial. La Corte hizo lugar parcialmente a la misma. En cuanto a los intereses aplicables a la repetición vencedora, aplicó el art. 138 del Código Fiscal que determina los accesorios según las tasas que fije para cada período de tiempo la resolución del Ministerio de Economía de la Provincia (idéntico criterio existe a nivel nacional). Sin embargo, aclaró el Tribunal, que ello es así desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el día de notificación de la sentencia, porque a partir de entonces la tasa aplicable es la pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. Y en cuanto al otro agravio, concerniente a la tasa de justicia repetida, no hizo lugar al pedido de aplicar el art. 138 citado, sino que mandó aplicar la tasa pasiva ya mencionada. Las costas del incidente fueron impuestas por su orden.

 

»Proveedores de servicios de pago. | ^arriba

A través de la Comunicación A – 6885 de fecha 30 de enero de 2020 el Banco Central de la República Argentina aprobó las normas sobre “Proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago”, con el objeto de dar a conocer la actividad operativa y comercial de los PSP (proveedores de servicios de pago) que ofrecen cuentas de pago para mejor conocimiento y protección de los derechos de los usuarios. La normativa persigue asimilar los estándares de supervisión de los PSP a los del resto de las entidades habilitadas del sistema financiero. Se crea un registro específico y se establece que la supervisión será ejercida por la Superintendencia de Entidades Financieras. Las entidades deberán incluir una leyenda que deje claro que se limitan a ofrecer servicios de pago y que los fondos no cuentan con garantía de los depósitos. Esta disposición complementa la aprobada con anterioridad por el Banco, es decir Comunicación A - 6859 que comentáramos en nuestra anterior edición.

 

»Pacto Fiscal. Coparticipacion de impuestos nacionales | ^arriba

El 12 de febrero de 2019 se ha publicado en el boletín oficial la Ley 27.542, mediante la cual se ratifica lo acordado sobre el Consenso Fiscal 2019 firmado por los gobiernos nacional y provinciales. Entre las disposiciones más importantes debemos citar: (i) la suspensión hasta el 31/12/2020 de algunas cláusulas del Consenso Fiscal 2017 y del Consenso Fiscal 2018 relativas a la coparticipación federal de impuestos; (ii) la designación de una comisión para evaluar el impacto producido en las finanzas provinciales por la implementación de los Decretos 561/2019 (reformulación de la base de cálculo de los derechos de exportación sobre ciertas mercaderías -retenciones-) y 567/2019 (reducción de I.V.A que incide sobre ciertos productos de la llamada “canasta básica alimenticia”); (iii) la suspensión por un año de los procesos judiciales iniciados por las Provincias contra el Estado Nacional con sustento en el cuestionamiento de decisiones de éste último que afectan la percepción de ingresos por coparticipación federal.

 

 

 

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