Memorandum-Mayo 2020

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noviembre
Número 190- Año XV, Abril de 2020
 

Lectura sugerida:
»ANALISIS DE LOS PLAZOS AFECTADOS CON RELACION A LA PANDEMIA POR COVID-19

El link bajara en su computadora, en version texto documento analiza los plazos afectados con relacion Covid 19.-

 

 

» ALGUNOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19. | ^arriba

La propagación a nivel internacional del virus COVID-19 ha motivado la declaración de un estado de pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud y de allí que las autoridades locales adopten distintas medidas sanitarias y económicas. Las restricciones impuestas por el nuevo marco normativo resultan ajenas a la voluntad de las partes y tienen un impacto directo en los contratos vigentes entre privados que básicamente se podrían manifestar como:
(i) una “imposibilidad material e irresistible” para poder dar cumplimiento a las obligaciones comprometidas (un “caso fortuito/fuerza mayor” en los términos del artículo 1730 y 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación);
(ii) una “frustración definitiva de la finalidad contractual” que prive de sentido a la parte afectada dar cumplimiento a las obligaciones comprometidas (“frustración de la finalidad” en los términos del artículo 1090 del Código Civil y Comercial de la Nación);
(iii) una “excesiva onerosidad sobreviniente por causas extraordinarias” para poder dar cumplimiento a las obligaciones comprometidas (“teoría de la imprevisión” en los términos del artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación);
(iv) una “imposición de índole legal” para dar cumplimiento a las obligaciones comprometidas bajo determinados parámetros o de una forma específica (aun contra los propios términos y condiciones de los contratos). La casuística en todos estos supuestos es muy amplia. Por otro lado, en el marco de los contratos regidos por el derecho público los institutos reseñados precedentemente también se aplican, con las particularidades propias del derecho administrativo. Asi por caso en el Decreto Delegado N°1.023/2001 (contrataciones) y la Ley No. 13.064 (de obra pública), ciertos artículos prevén que bajo ciertas circunstancias corresponde la aplicación a una relación contractual del instituto de la “Fuerza Mayor”. Entre otros efectos cabe destacar
: a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo;
b) La obligación de cumplir las prestaciones asumidas salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato. A su vez el Decreto No. 1.030/2016 prevé que las penalidades en él establecidas NO serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante, o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

 

» SAS- RESOLUCION DE LA IGJ- FIRMA ELECTRONICA | | ^arriba

Con fecha 23 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 17/2020 de la Inspección General de Justicia, donde resuelve realizar una modificación a la normativa aplicable a las Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) en virtud de la distinción entre firma digital y firma electrónica, para eliminar esta última forma en la instrumentación de actos societarios relacionados con dicha forma societaria. En los considerandos de la decisión se destaca que el Código Civil y Comercial arts. 286 a 288 considera instrumento privado a aquél que contenga firma ológrafa o digital. Partiendo del análisis efectuado a la Ley de Firma Digital y de la normativa de creación de la figura SAS (Ley 27.349) se concluye que la firma electrónica no posee la entidad instrumental y veracidad que la firma digital. En este sentido destaca que ésta signatura se reputa válida y auténtica si cumple con los siguientes requisitos:
(i) haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital otorgado al autor;
(ii) ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado, de acuerdo al procedimiento de verificación correspondiente y (iii) que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, por un certificador licenciado que garantice su validez y vigencia conforme a la ley. Por tales motivos la Inspección General de Justicia resolvió derogar el Artículo 2º de la Resolución General IGJ Nº 8/2017 de fecha 5 de octubre de 2017 que permitía la instrumentación de actos por firma electrónica. Por otro lado otorgó un plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta resolución para que las SAS ya constituidas que no posean la firma digital de cada uno de sus integrantes incluyendo el representante legal subsanen tal deficiencia legal, bajo apercibimiento de proceder a su respecto conforme las normas vigentes habilitan. La subsanación se efectuará por el procedimiento normal (firma ológrafa certificada notarialmente o por funcionario del organismo) o firma digital habilitada.

Acompañamos el texto de la Res. Gral. 17/2020 en este link

»DATOS PERSONALES. FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE U.K.. | ^arriba

En un comentado fallo de la Suprema Corte de U.K. de fecha 1/04/2020 en la causa “WM Morrisons Supermarkets Plc v. Various Claimants” (Rf. 2020 UKSC 12) el tribunal consideró que WM Morrisons Supermarkets Plc. (la cuarta cadena de supermercados más grande del Reino Unido) no resultaba solidariamente responsable por la violación de datos personales cometida en perjuicio de aproximadamente 100.000 dependientes que había llevado a cabo un ex - empleado de la firma. Se trataba de la liberación de información confidencial cometida por un trabajador, profesional del área contable de la empresa, que con motivo del mismo hecho y en un proceso criminal que tramitó por separado recibió una condena de 8 (ocho) años de prisión. Esa persona distribuyó copias de los datos de la nómina con el objeto de dañar la imagen de su ex - contratista.

La Suprema Corte dijo en su fallo -revocando el de la instancia anterior- que un empleador podría eventualmente ser responsable por los actos de un dependiente que generen violaciones a las normas de protección de datos personales. Sin embargo en este caso concreto exoneró al supermercado de tal responsabilidad dado que:
a) Se demostró que WM Morrisons poseía mecanismos de protección de datos adecuados;
b) en el caso particular, WM Morrisons fue también víctima de la difusión inapropiada y
c) el ex - empleado cometió la infiltración a los datos personales desde su ordenador personal, en su hogar y no desde dispositivos de la empresa. Si bien el fallo se refiere a un caso puntual regido por la ley inglesa entendemos que sienta un precedente importante (alerta) para la protección de datos personales y las obligaciones de las empresas a cargo de su cuidado.

 

» INFRACAPITALIZACION EN SOCIEDADES COMERCIALES. | ^arriba

En el marco de una acción promovida por el síndico de la quiebra contra dos personas físicas y otras sociedades, las primeras socias y directores/administradores de un conjunto económico, a quien se le endilgaron comportamientos comerciales incorrectos (ocultamiento, trasvasamiento de actividad, venta de activos sin contraprestación justificada, impago de abultadas deudas con proveedores, etc.), la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de esta Ciudad resolvió un interesante caso, con aplicación de normativa societaria y concursal que pasamos a comentar. Se trata de la causa “Interindumentaria S.R.L. s/ quiebra c. F., E. E. y otros s/ Ordinario” en la que recayó sentencia con fecha 4 de Febrero de 2020. Luego de analizar cuestiones procesales (objeto del recurso de nulidad y del recurso de apelación) se delinearon las diferencias de responsabilidad que caben a los socios de las que corresponde a los administradores societarios, amén de su solidaridad. A continuación se dijo que en el caso de autos las personas humanas (socias) deben ser condenadas solidariamente a cubrir el pasivo falencial de la sociedad fallida, comprensivo de la totalidad de los créditos verificados o declarados admisibles insolutos y las costas del proceso concursal, en tanto se acreditó que aquellos fueron artífices de su infracapitalización, en ejercicio de un innegable poder de gestión o de decisión respecto de la entidad. Discernida las diferencias entre infracapitalización “formal” o “material” y comprobado que se trató de esta última especie, se la considera una situación contraria al interés social y su consecuencia sobre actos contrarios a ese interés se califican como tales teniendo en cuenta el momento de su ejecución (ej. la venta de inmuebles sin contraprestación adecuada). En cuanto al fundamento jurídico societario se trata de los supuestos previstos en el art. 54 y en el art. 274 de la LGS (que el fallo analizó con cita de abundante doctrina y jurisprudencia), concluyéndose que la fallida devino una “sociedad fantasma”, sin patrimonio que respalde sus operaciones frente a los acreedores, por lo que corresponde concluir que su personalidad ha constituido un recurso para violar la buena fe o para frustrar derechos de terceros y, en consecuencia, es posible imputar el daño sufrido por ella a los socios (quienes participaron activamente de su conducción y gestión)

Acompañamos el texto del fallo en el link….

 

 

»RELACION LABORAL. FALLO DE LA C.S.J.N. | ^arriba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó sin efecto una sentencia que encuadró como relación laboral el vínculo sostenido durante 40 años entre un productor de seguros y una empresa aseguradora. Para así decidir, entendió que aunque el productor tuviera que respetar ciertas directivas emanadas de la compañía de seguros, ello no resulta indicativo de un vínculo de subordinación. Esto resulta de la causa “Morón, Humberto José c/Grupo Asegurador La Segunda y otros s/recurso extraordinario de inconstitucionalidad” por la que se revocó la sentencia contraria que había dictado la Suprema Corte de Mendoza, quien había considerado que el actor tenía derecho atento que como productor/asesor/organizador de seguros había prestado servicios “en el marco de un contrato de trabajo que no había sido debidamente registrado”. El máximo tribunal de la Nación cuestionó lo decidido, estimando que el inferior “impuso su propio criterio valorativo, enfatizando cuestiones secundarias u opinables -que pueden presentarse tanto en una contratación de índole comercial como en una de naturaleza laboral”- y que “subestimó otras pruebas relevantes para la correcta solución del caso y que daban cuenta del alto grado de independencia con que el actor cumplía sus funciones”. En función de ello la Corte sostuvo que el hecho de que un productor asesor de seguros “tuviera que respetar ciertas directivas emanadas de la compañía de seguros -en el caso, las instrucciones de las que dan cuenta los correos electrónicos, o los límites a los reintegros por gastos de publicidad- no resulta indicativo de un vínculo de subordinación laboral”, entendiendo que todo ello se debía a que ciertas exigencias responden al orden propio de toda organización empresarial y pueden estar presentes tanto en el contrato de trabajo como en una relación de carácter comercial.

 

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