Memorandum-Noviembre 2019

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noviembre
Número 187- Año XIV, Noviembre de 2019
 

Lectura sugerida:

» La UIF y un grupo de bancos crearon una inédita alianza en la región contra el lavado de dinero.

Bajo el nombre de Fintel AR, su objetivo es intercambiar información
sobre el sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del
terrorismo.

 

» Echeqs. Falta de pago. | ^arriba

Habiendo transcurrido pocos meses de la vigencia del nuevo régimen de los “Echeqs” nos referimos aquí a los requisitos formales para promover la respectiva acción judicial ante la falta de pago total o parcial del citado instrumento. El beneficiario deberá solicitar a la entidad financiera depositaria la Certificación para Acciones Civiles (CAC) prevista en el Artículo 61 (último párrafo) de la Ley de Cheques, la cual reglamentó el BCRA mediante la “COMUNICACIÓN “A” 6727 de fecha 28/06/2019, más precisamente en el punto 3.4.4. La certificación se efectuará en soporte papel sin medidas de seguridad especiales y estará firmada al pie por dos funcionarios autorizados de la entidad financiera. La CAC contendrá datos puntuales sobre el echeq impago, a saber: entidades financieras intervinientes, librador, beneficiario original, firmantes, endosantes, avalistas, tipo de echeq, etc. Además deberá contener un “código de visualización” para verificar la información en forma centralizada en una página de internet. La CAC otorgada por el Banco depositario resulta prueba suficiente en un proceso judicial para acreditar el incumplimiento de pago y llevar a cabo la ejecución respectiva. A modo ejemplificativo transcribimos el texto que deberá incluir: “Certificación Para Ejercer Acciones Civiles Número [Número Único Registrado en el Sistema de Almacenamiento de ECHEQ]. El presente certificado se emite, conforme lo previsto en el artículo 61 de la ley de cheques (L. 24452 y sus modificatorias) y la reglamentación dictada por el Banco Central de la República Argentina, para que el beneficiario del cheque librado por medios electrónicos (ECHEQ) rechazado cuyos datos se detallan pueda iniciar las acciones ejecutivas u otras que puedan corresponder ante los tribunales y conforme las leyes de la República Argentina. En el mismo se expone la información disponible en el sistema de almacenamiento de cheques generados por medios electrónicos a la fecha y hora de su emisión. Los datos de la presente certificación podrán ser cotejados con los datos del sistema de almacenamiento de cheques generados por medios electrónicos ingresando a: [URL página de Internet de consulta centralizada para todo el sistema financiero] utilizando el siguiente Código de Visualización: [Código de Visualización asignado por el Sistema de Almacenamiento de ECHEQ] [Continúan los datos del ECHEQ rechazado y su tenedor legitimado]”

Acompañamos el texto de la Com. A. 6727 en este link
 

» Mora. Interpelación previa. | ^arriba

Por sentencia de fecha 21 de agosto de 2019 la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la demanda interpuesta por un locatario que reclamó daños y perjuicios al locador, como consecuencia de la resolución unilateral del contrato de locación derivada de la suspensión del servicio de gas (a causa de desperfectos en la instalación existente en el inmueble). En la causa “S.A. c/ D. A. M. N. s/ Daños y Perjuicios” se discutió acerca de las consecuencias derivadas de la interrupción del servicio de gas en el inmueble alquilado por disposición de Metrogas S.A. y con motivo de una pérdida del fluído. El contrato de alquiler ya venia ejecutándose entre las partes sin mayores diferencias. Ante la no solución de la provisión del servicio el locatario optó por abandonar el inmueble sin notificación previa al locador y entabló demanda por daños y perjuicios. A su vez el propietario reclamó los daños del incumplimiento de la locación. Los jueces sostuvieron que en éstas situaciones la resolución del contrato requería la previa constitución en mora de la parte locadora. En segundo lugar, si hubiera querido rescindir sin invocar causa se debió abonar la indemnización prevista en el art. 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación (“CCCN”) o también llamada “rescisión anticipada”. Se destacó en la decisión acerca del criterio fijado en el art. 1088 inc. b) del CCCN (mora) y también en el art. 1203 del mismo (caso fortuito o fuerza mayor como causal de discontinuación de la relación locativa).

» Plan de ahorro previo. Caso judicial. | ^arriba

Resulta de interés comentar un fallo de primera instancia de la Provincia de Córdoba donde se hizo valoración de los efectos de la inflación sobre los contratos de ahorro previo (Dec. 142.277/43 y Ley No. 22.315 “Orgánica de la Inspección General de Justicia”). En el expediente “Acosta, Nora Inés y Otros c/Volkswagen Argentina S.A. s/Medidas cautelares” el Juzgado en lo Civil y Comercial de la 27° Nominación de la Ciudad de Córdoba dictó resolución el 2 de octubre de 2019 haciendo lugar a la medida cautelar solicitada por un grupo de ahorristas que firmaron sus respectivos contratos de autoplan con la empresa demandada. En la cautelar se dispuso que el importe de las cuotas debía incrementarse en un 40% y no en un 15% como pedían los reclamantes ni tampoco en un 150% como lo había dispuesto la empresa administradora. Se dijo que “…es sabido que conforme los índices oficiales del INDEC, la inflación entre los meses de abril de 2018 y agosto de 2019 asciendió a un 60% (…) la parte actora pretende un incremento del 15% de esa cuota, pero la realidad indica que la inflación ha sido del 60%. También es cierto que no todas las personas (…) han tenido una evolución en sus economías al ritmo de la inflación, lo que impone llevar adelante una valoración aún más rigurosa”. Si bien se trata de una decisión que no es sentencia definitiva entendemos que las pautas de razonamiento del fallo son de aplicación para muchos otros casos de obligaciones contraídas en procesos inflacionarios elevados como los que padece nuestro país.

» Mercado de cambios. Nueva disposición. | ^arriba

El 28 de octubre de 2019 entró en vigor una nueva comunicación del Banco Central de la República Argentina identificada Comunicación A -6815 por medio de la cual se establece la necesidad de obtener la previa conformidad por parte de dicha institución para que las personas humanas puedan acceder al mercado de cambios, cuando la operación supere el equivalente de USD 200 mensuales en concepto de atesoramiento. Asimismo, para operaciones de cambio a través del uso de efectivo, el monto máximo sin previa conformidad será de USD 100 por mes calendario. Naturalmente que estas limitaciones surgen por la disminución de las reservas del ente rector debido a los hechos de conocimiento público. La norma en comentario también reduce a 90 días corridos el plazo para demostrar el registro de ingreso aduanero de bienes en el caso de los pagos anticipados de importaciones a proveedores no vinculados con el importador y el de conformidad previa del B.C.R.A. para los pagos anticipados de importaciones a proveedores vinculados con el importador. Entre otros aspectos a destacar mencionamos la obligación de las entidades autorizadas a operar en cambios de remitir al Banco Central, al cierre de cada jornada y con una antelación de 2 (dos) días hábiles al de su ejecución, la información relativa a las ventas de cambio a realizarse por solicitud de clientes u operaciones propias de la entidad que impliquen acceso al mercado de cambios por un monto diario que sea igual o superior al equivalente a USD 2 millones.

Acompañamos el texto de la Com. A. 6815 en este link

» Impuestos. Multas. | ^arriba

En el marco de un proceso universal (Ley de Concursos y Quiebras) la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, por sentencia de fecha 3 de octubre de 2019 desestimó una apelación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ratificó la inveterada jurisprudencia que sostiene la facultad del órgano judicial de restringir la magnitud de las multas fiscales. Confirmó asi la sentencia del juez de primera instancia que morigeró la sanción a un máximo equivalente al 30% del gravamen omitido. La Cámara consideró que un porcentual superior al indicado constituiría una violación a los derechos constitucionales y al principio de razonabilidad. En abono de su posición citó jurisprudencia, ej. de la misma Sala, 15/11/2018 en autos “Asroc SA s/quiebra s/incidente de revisión promovido por AFIP”; id. 21/03/2017, “Tecnología de Avanzada en Transporte SA s/concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”; id. 07/04/2015, “Luz Design SRL s/quiebra s/incidente de revisión promovido por AFIP”; id. 17/02/2014, “Club Ferrocarril Oeste Asociación Civil s/ quiebra s/incidente de revisión promovido por AFIP-DGI”; otro del 23/11/2012 en “Agroflex SA s/concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito promovido por AFIP”; id. 19/04/2011, “Indiecito SA s/concurso preventivo s/ incidente de verificación promovido por Fisco Nacional”; id. 30/11/2010, “Metalúrgica Viale SRL s/ concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por Fisco Nacional”; id. 26/02/2010, “Eres SA s/concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Fisco Nacional”; id. 23/09/2009, “Kamet SA s/concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por Fisco Nacional”; id. 29/05/2008, “Informática Comunicaciones SA s/quiebra s/incidente de revisión promovido por Fisco Nacional-D.G.I."; id. por la Sala C de la Cámara Comercial capitalina, sent. 13/07/2016, “Urbano Express Argentina SA s/concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por Fisco Nacional”; id. 06/06/2013, “Colegio Saint Jean A. C. s/concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por Fisco Nacional”.
 

» Impuestos locales. Competencia federal. | ^arriba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia el 3 de septiembre del corriente año en la causa “U.T.E. Supercemento S.A.I.C. - Benito Roggio e Hijos S.A. - Esuco S.A. y otros c. Municipalidad de la Ciudad de Posadas s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” estableciendo la doctrina de atribuir competencia federal aún cuando se tratara de cuestiones vinculadas a impuestos locales. En el caso, varias contratistas y subcontratistas de la Entidad Binacional Yacyretá interpusieron acción declarativa de certeza con el fin de que se determine que no se encuentran obligadas al pago de los derechos de inspección, registro y servicio de contralor establecidos por la Municipalidad de Posadas, planteo ante el que la Cámara Federal de Posadas declaró su incompetencia por tratarse de cuestiones de derecho público local. A contrario de esa doctrina el Sr. Procurador Fiscal sostuvo que correspondía hacer lugar a la queja y revocar la sentencia, pues del escrito de inicio se desprende que las actoras cuestionan la pretensión de la Municipalidad de gravar con el derecho de inspección, registro y servicios de contralor la actividad desarrollada por aquéllas en el marco de una licitación internacional encuadrada en las disposiciones del Tratado de Yacyretá aprobado por la ley 20.646 y de su Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero (que consagra la exención de dicha gabela). En virtud de lo expuesto la justicia federal es competente y no la provincial. La Corte Suprema adhirió a la opinión del Sr. Procurador y falló en consecuencia.

» Derecho del trabajo. Solidaridad. | ^arriba

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por sentencia del 11 de septiembre del corriente año, recaida en autos Longhi, Guillermo Alberto Nicolás c/ Semed Servicios Médicos S.A. y otros s/Despido” confirmó la de primera instancia que hizo lugar a la demanda y condenó a las demandadas Semed Servicios Médicos S.A. y Advance S.A. en forma solidaria con las personas del Presidente y Vicepresidente de ambas entidades, por y con motivo del despido de los actores de la causa. El Tribunal sostuvo que “…el armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LS es muy claro en cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores que, a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente…”. Agregó que considerando las particularidades del caso sometido a su decisión “…se encuentra acreditado el fraude invocado por el accionante en su relación, en virtud de que la contratación del actor no cumplió con las exigencias para que pueda ser considerada bajo la modalidad de eventual y que, conforme las previsiones de los arts. 29 y 29 bis de la L.C.T., debía considerarse empleado directo de la demandada Semed Servicios Médicos S.A….” Las autoridades (presidente y vicepresidente) de las empresas revestían además el carácter de empleadores por el hecho de su condición técnica (médicos) y el de estar vinculados a la conducción diaria de la actividad desplegada.

 

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