Memorandum-Octubre 2019

 

 

 

 

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noviembre
Número 186- Año XIV, Octubre de 2019
 

Lectura sugerida:

» Ley de alquileres: el Congreso vuelve a tratarla con cuatro proyectos.

La comisión de Legislación General de la Diputados buscará emitir un dictamen para que las iniciativas lleguen al recinto antes del 10 de diciembre.

 

» Salario minimo, vital y móvil. | ^arriba

El Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU N° 610/2019, publicado en el Boletín Oficial en fecha 2 de septiembre del 2019, dispuso aumentar en un 35% el monto del salario mínimo vital y móvil de todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional en que éste actúe como empleador. La nueva escala establece que, a partir del 1° de agosto de 2019, el salario mínimo de los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo ascenderá a la suma de $ 14.125,00, mientras que para los trabajadores jornalizados, la hora de trabajo mínima tendrá un valor de $ 70,62. Estos valores se incrementarán a partir del 1° de septiembre de 2019 dado que el salario mínimo, vital y móvil de los mencionados trabajadores ascenderá a la suma de $ 15.625,00 (mensualizados), mientras que el valor mínimo de la hora (jornalizados) será de $78,12. Por último se prevé que desde el 1° de octubre de 2019 SMVM mensual ascenderá a la suma de $ 16.875,00, mientras que el valor mínimo horario será de $ 84,37.

Acompañamos el texto del Decreto 610/2019 en este link
 

» Registro público de personas y entidades vinculadas a financiamiento de terrorismo. | ^arriba

Con el objetivo de adecuar la normativa a lo establecido en el Decreto N° 489/2019 que crea el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), la Inspección General de Justicia (IGJ) introdujo cambios en los requisitos del dictamen de precalificación que se debe acompañar en los distintos actos cuya inscripción se gestiona ante el organismo. Ello ocurrió a través de la R.G. 3/2019. Esto en función de la competencia que tiene asignada la misma conforme su ley orgánica y lo previsto en la Ley 25.246 (norma anti-lavado y financiación del terrorismo). Es por ello que se modificó el artículo 50, inciso 2. “e” y el artículo 510 inciso 8, del Anexo “A” de la Resolución General IGJ Nº 7/2015 en cuanto a la inscripción de los distintos actos jurídicos societarios en el ámbito de la I.G.J. En concreto a partir de ahora quien dictamine sobre los mismos deberá manifestar acerca del cumplimiento de los extremos requeridos por el RePET sobre los miembros del órgano de administración de las entidades sometidas a fiscalización. Para ello el dictaminante deberá efectuar la consulta previa al RePET que tiene a su cargo la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

» Uso de tecnologías de reconocimiento facial. | ^arriba

La Comisión Europa de la UE está trabajando en la investigación y lanzamiento de políticas básicas para la regulación del uso de la tecnología de reconocimiento facial, apuntando a otorgarle a los ciudadanos de la Comunidad derechos explícitos respecto de sus datos personales y otros derechos civiles. El objetivo sería limitar el uso indiscriminado de la tecnología de reconocimiento facial por compañías y autoridades públicas, y otorgarle a los ciudadanos la potestad de saber cuando esos datos personales están siendo utilizados. Esta iniciativa de la Unión Europea tiene lugar en medio de creciente preocupación, a nivel internacional, por el uso irrestricto de esta tecnología que se ha originado a partir de ciertos casos puntuales, destacándose por ejemplo el caso de la masiva aplicación de la tecnología en espacios públicos de distintas ciudades chinas, como también el uso de dicha tecnología en las recientes protestas en Hong Kong (a fin de individualizar a los manifestantes), y, asimismo, la reciente denuncia por la instalación de cámaras destinadas a la aplicación de la tecnología de referencia en el transporte público (subterráneos, caso conocido como King’s Cross), que dio origen a una investigación de la Information Comissioner’s Office. Distintos trabajos doctrinatarios (tanto de EEUU como de Europa) coinciden en la necesidad de poner limites en el manejo de estas tecnologías dado que ello puede comprometer aspectos vitales de los derechos humanos (privacidad, uso razonable, etc).

» Conexión entre el derecho de contratos y el derecho laboral. | ^arriba

En su fallo de fecha 9/08/2019 en autos Cardozo Handel Juan y otro c. Club Hípico Argentino Asoc. Civil y otros s/ Despido, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo impuso una condena en los términos del artículo 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), ordenando al Club Hípico Argentino a responder por los despidos del personal (mozos) del contratista que le prestaba servicios en el ámbito de sus instalaciones. Este criterio adoptado por la Cámara tiene amplia recepción y aplicación jurisprudencial, habiendo sido reiterado en muchas oportunidades por nuestros tribunales. El fundamento (ratio) del decisorio radica en el control que el comitente debe ejercer sobre su proveedor acerca del cumplimiento de las leyes laborales y de previsión social a cargo de éste, respecto de su personal en relación de dependencia. Se colige entonces la relevancia que tiene verificar en todo momento de la relación el adecuado cumplimiento de tales obligaciones con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, los impactos de la solidaridad laboral establecidas en la normativa arriba citada. Si bien en nuestra experiencia diaria advertimos la inserción de cláusulas “tipo” o standard en la materia, también enfatizamos que no es suficiente la mera inclusión del clausulado sino el efectivo control por parte del comitente durante todo el desarrollo del proceso económico con el suministrador, donde a menudo se producen cambios relevantes (ej. cambio de management, cambio de autoridades, cambio de propietarios, mudanza, etc.) que muchas veces no son considerados por los responsables a cargo de estas tareas de control.

» Sociedades. Aumentos de capital. Abuso de minorías. | ^arriba

En los autos “Rumieri, Daniel Héctor c/ Global Green Ricardone S.R.L. s/ Medida precautoria”, de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la empresa demandada apeló la resolución de primera instancia que resolvió la suspensión preventiva del aumento de capital decidido en la reunión de socios. El magistrado consideró que las explicaciones brindadas por el administrador de la sociedad carecían de respaldo necesario para permitir a los socios tener noticia acabada sobre la necesidad de aumentar el capital en una cantidad 10 veces superior a la existente. En su apelación, la recurrente alegó que las explicaciones que se proporcionaron al demandante en ocasión de la asamblea son suficientes para ilustrar acerca de la necesidad del aumento cuestionado, sumado a que el actor cuenta con la información que aduce omitida y agrega que la acción entablada es sólo una maniobra de su parte, típica del abuso minoritario, con el objetivo de incrementar el precio de salida que el nombrado reclama por su participación social. Los jueces de la Sala C dijeron que no hay duda acerca de la justiciabilidad de los aumentos de capital en las sociedades, añadiendo que si bien “las asambleas sólo pueden impugnarse por razones de legalidad (art. 251 LGS), no de mérito, pero, en ocasiones –como la que se presenta en la especie- ambas cuestiones se conectan de modo tal que la legalidad de lo decidido en la asamblea remite a la necesidad de juzgar la razonabilidad de su consistencia (art. 70 LGS)”. En tal sentido los Dres. Machín y Villanueva dijeron que “si bien el relato de los hechos pudo llevar al magistrado de grado a considerar irrazonable el aumento de capital cuestionado, los elementos aportados por la demandada y las explicaciones otorgadas en el memorial de agravios persuaden al Tribunal de que la decisión debe ser distinta”. En tal sentido recordaron que el aumento del capital, concebido como herramienta para permitir el financiamiento interno de las sociedades, es también mecanismo que trae aparejada como forzosa consecuencia la dilución de la participación del socio que no puede o no quiere suscribir. Al revocar la decisión recurrida, los camaristas concluyeron que “dado el estado actual de la controversia, encontrándose trabada la litis en los autos principales y escuchadas ambas partes, no es posible descartar, por la importancia de los proyectos asumidos, la necesidad de obtener fondos por la vía cuestionada”. Esto así dado que se demostró que el aumento de capital obedecía a la necesidad de continuar con proyectos de energía donde era un imperativo del negocio la capitalización del ente.
 

» Normativa cambiaria. Nuevo escenario.| ^arriba

El día 28 de agosto de 2019 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) No. 596/2019, el cual expresa que a los fines de mejorar la actual curva de vencimientos de obligaciones del Estado Nacional, resulta necesario promover la modificación voluntaria del perfil de los compromisos financieros de los títulos representativos de deuda pública nacional de mediano y largo plazo, tanto en los casos de deuda regida por legislación nacional como extranjera. Esto afecta los bonos denominados LETES, LECAPS, LELINKS y LECER. No se modifican ni moneda, ni importe del capital o tasas de interés. Otro DNU (el Nro. 609/2019) modificó el anterior para disponer que: “La postergación dispuesta no alcanzará a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo identificados en el Anexo, en los casos en que las tenencias sean ejercidas por personas humanas…” siempre que la trazabilidad de la operación pueda ser demostrada. Es importante aclarar que los títulos públicos de corto plazo con fechas de vencimiento re-perfilados pueden ser medios de pago de obligaciones previsionales. Este mismo Decreto introdujo modificaciones al régimen de cambios y comercio exterior. En lo sustancial dispuso que “hasta el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el BCRA.” A este fin el organismo rector dictó la Comunicación A 6770 que publicamos en Anexo, debido a la gran cantidad de supuestos operacionales y distintos tratamientos y excepciones contenidas en su régimen.

Acompañamos el texto de la Com. A. 6770 del Banco Central de la República Argentina en este link

 

 

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