Memorandum-octubre-2020

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noviembre
Número 190- Año XV, Agosto de 2020
 

Lectura sugerida:
» Declaran nula la resolución que extiende el convenio colectivo para trabajadores de call centers

Bajada: Para la Cámara de Apelaciones, la extensión fue realizada sin verificar si en la zona objeto de ampliación existía una asociación que los represente

 

»COVID-19. SUSPENSION DE INTERESES. | ^arriba

En su fallo del 06/08/2020 en autos “Matiluc SRL c. Banco de Galicia y Buenos Aires s/Medida precautoria”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, rechazó el pedido de la actora de suspender el curso de los intereses bancarios que había sido solicitado como medida cautelar. Entendió que la misma pretendía “obtener una situación de ventaja frente a su contraparte sin mayor asidero argumental que la confesa incapacidad de repago de las obligaciones asumidas con la entidad bancaria”. Tuvo en cuenta que la actora no alegó situación de abuso de derecho alguna por parte del banco demandado, ni tampoco puso en tela de juicio los términos contractuales. El único argumento central del planteo fue la situación derivada del COVID-19. El tribunal también introdujo un argumento constitucional al entender que el pedido de suspensión de intereses no podría ser admitido “sin acudir a las herramientas de política económica, las cuales deben ser estrictamente provistas y ordenadas por una ley (…) Proceder de forma contraria conllevaría el riesgo de inmiscuirse en terreno legisferante, vedado por el principio de división de poderes”. Conclusión: quien solicite medidas cautelares basándose exclusivamente en la situación de COVID-19 debe demostrar acabadamente la situación de imposibilidad que ésta le genera y su relación causal con la afectación a la capacidad de pago de sus obligaciones..

»AFIP. MORATORIA AMPLIADA. | ^arriba

Mediante la Res. Gral. 4816 del organismo recaudador se reglamenta la “Moratoria Ampliada 2020” -dispuesta por la Ley No. 27. 562- para regularizar deudas impositivas, de los recursos de la seguridad social y aduaneras vencidas al 31/7/2020, sus intereses no condonados, multas y demás sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones. Establece cuales son los contribuyentes alcanzados y los expresamente excluidos, las pautas y los requisitos para que resulten procedentes las condonaciones de intereses, multas y sanciones y los diversos tipos de planes de regularización. Prevé una tasa de financiamiento en el 2% mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de mayo de 2021, siendo aplicable, luego, la tasa BADLAR. Hace saber que la caducidad de los planes por falta de pago se encontrará sujeta al tipo de contribuyente que se adhiera a la solicitud y que aquella variará según la cantidad de cuotas solicitadas y otorgadas en cada caso. La AFIP no realizará la denuncia penal contra aquellos responsables que regularicen las obligaciones susceptibles de encuadrarse en el Régimen Penal Tributario y en el Código Aduanero y establece similar criterio como aplicable para quienes hayan cancelado las obligaciones con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente moratoria y no se encontraren incursos en alguna de las causales de exclusión del presente régimen. Se fijan pautas para determinar la existencia y el valor de los activos financieros situados en el exterior al 26/8/2020 y los casos de repatriación de al menos el 30% del producido de los activos financieros. Se establece un régimen de información y documentación y los presupuestos para aplicar compensaciones.

Acompañamos el texto de la Res. Gral. 4816 en este link

»COMPETENCIA DEL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. | ^arriba

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal estableció como doctrina que dicho fuero es el competente para el análisis de resoluciones generales que dicte la Inspección General de Justicia y no lo es el fuero comercial. Ello en el marco de una apelación (causa de origen: “ASEA Asociación Emprendedores Argentinos Asoc. Civil y otros s/Amparo”) relativa a resoluciones generales vinculadas con las Sociedades Anónimas Simplificadas (Titulo III de la Ley No. 27.349). Los fundamentos de la misma lucen en el adjunto que publicamos y que posiblemente dé lugar a nuevas argumentaciones sobre el tema, como podría ocurrir en los casos de conjuntos inmobiliarios (Res. Gral. I.G.J. No. 25/20) u otras materias, en tanto ha sido tradicional considerar al fuero comercial como el correspondiente para la apelabilidad de las decisiones del organismo en virtud de lo previsto en Ley No. 22.315 y su decreto reglamentario No. 1293. El tema resulta novedoso y de interés para los especialistas tanto del derecho societario como administrativo.

Acompañamos el texto de la decisión judicial en este link

»PRESUNCION DE DESPIDO POR CAUSA DE MATRIMONIO. | ^arriba

Al resolver un recurso de queja promovido por la parte actora en los autos “Puig Fernando Rodolfo c /Minera Santa Cruz SA s / despido” (CNT 57589/2012/1/RH1), la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció con fecha 24 de septiembre de 2020 que la presunción prevista en el art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta aplicable tanto a trabajadoras mujeres como a trabajadores varones (esto es, que el despido sin causa dentro de los tres meses anteriores y seis posteriores al matrimonio se debe a éste, si su celebración fue notificada fehacientemente). De esta manera, el máximo Tribunal habilitó al accionante a obtener la indemnización agravada establecida en el art. 182 de la mencionada norma consistente en un (1) año de salarios en forma adicional a las indemnizaciones que correspondan por despido. Para así decidir, la Corte sostuvo que ninguna disposición “se refiere expresamente a la mujer trabajadora como exclusiva destinataria de la protección especial que consagran” debiéndose tener en cuenta, también, que la propia Ley de Contrato de Trabajo “prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores (…) por motivo de sexo” (art. 17), estableciendo que, si eso ocurriera, se generaría una situación de “trato desigual” (art. 81). Por lo tanto, sostener, como lo había hecho la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la presunción del artículo 181 sólo rige para las mujeres es apartarse de lo dispuesto en las normas aplicables. Al respecto, el Máximo Tribunal determinó que “la restricción consagrada en el fallo apelado se revela como producto de una inteligencia regresiva que contrasta con la orientación postulada por esta Corte al señalar que las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad”, entendiendo que “en el nuevo paradigma sociocultural en el que los cónyuges ya asumen o tienden a asumir por igual las responsabilidades familiares, no puede interpretarse que los estímulos del empleador para despedir a quienes contraen matrimonio se suscitan solamente en el caso de las mujeres trabajadoras…”

»COMISION PLENARIA. REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS. | ^arriba

A través de la Resolución No. 29/2020 la Comisión Plenaria de Convenio Multilateral incorporó al reglamento procesal la ampliación del ámbito de aplicación del sistema de notificaciones por medios electrónicos y la implementación de la Mesa de Entradas Virtual (MEV), de aplicación en la tramitación de los expedientes ante los organismos de aplicación del Convenio Multilateral. Toda presentación podrá ser efectuada en forma personal por carta certificada y/o por vía electrónica mediante el uso de la MEV. Cabe citar entre algunas novedades que sólo existirá plazo de gracia para las presentaciones a realizarse en forma personal, no siguiendo misma suerte las que se realicen por medios postales y/o por MEV. Estableció -entre los requisitos obligatorios de forma- que para las primeras presentaciones a realizarse se debe indicar y constituir domicilio físico y electrónico. Todo traslado deberá notificarse -por medios electrónicos- a aquellas jurisdicciones, municipios, contribuyentes y asociaciones reconocidas que hubieren adherido al sistema de notificaciones electrónicas. Para el caso de municipios, contribuyentes y asociaciones reconocidas que no hubieren adherido al sistema mencionado la vía de notificación será personalmente o por vía postal. Es asi que el domicilio físico o electrónico constituido por las partes se tendrá por válido para todos los efectos legales mientras no se lo sustituya por otro y que cuando las notificaciones deban realizarse a un domicilio físico -y sólo ante el fracaso de la diligencia de notificación al electrónico- se tendrá por notificada a la parte con la publicación de edictos que contenga la parte resolutiva de la decisión que se adopte, lo cual se hará efectivo por un (1) día en el Boletín Oficial de la República Argentina. Respecto de las presentaciones que se realicen por MEV se exige la conservación de los originales por parte del presentante, siendo asimismo obligatorio aclarar si los documentos aportados son copias fieles de sus originales, y en su caso, que aquellos se encuentran bajo custodia hasta la finalización del trámite. La norma hace saber que será potestad de la Comisión Arbitral, ante situaciones extraordinarias, disponer de modo fundado y por tiempo limitado, que las presentaciones puedan efectuars única y excluyentemente por alguno de los medios establecidos en el art. 6° del Reglamento Procesal (es decir: personalmente, por correo postal con carta certificada con aviso de retorno o por MEV).

»MEDIACION PREJUDICIAL CELEBRADA POR MEDIOS VIRTUALES. | ^arriba

De conformidad con lo previsto en el art. 15 bis de la Ley No. 15.182 (introducido por la Ley No. 13.951) de la Provincia de Buenos Aires, es permitida la celebración de las audiencias de mediación pre-judicial en el ámbito provincial a través de medios virtuales. Recientemente fue reglamentado el procedimiento y detalles al respecto a través de la Resolución No. 788/2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la citada Provincia. Se establecen los requisitos de identificación de las partes y sus letrados, mecanismo de acceso, formalidades a cumplir por el Mediador, información que debe obligatoriamente brindarse a los participantes, modo de solucionar inconvenientes de carácter técnico y vicisitudes que podrían plantearse dependiendo de si existe o no un acuerdo al que pudieron arribar los convocados. Finalizado el procedimiento mencionado existe la obligación de guarda de todo lo actuado (en cabeza de distintas personas, los letrados y los mediadores) tanto en soporte papel como electrónico.

 

 

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