Memorandum-Septiembre 2019

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noviembre
Número 185- Año XIV, Septiembre de 2019
 

Lectura sugerida:

» Malestar entre las inmobiliarias y propietarios: ¿qué dice el proyecto que modifica la ley de alquileres?

El Presidente enviará el nuevo texto al Congreso. Trata de buscar un intermedio para satisfacer a inquilinos y propietarios. Puntos más destacados.

 

» Tasas de interés para obligaciones impositivas y aduaneras. | ^arriba

En el mes de julio pasado fue dictada la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Hacienda, por medio de la cual se establecieron las diferentes tasas de interés (resarcitorios, punitorios) previstas en los artículos 37, 52 y 179 de la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683 y en los artículos 794, 797, 811, 838, 845 y 924 del Código Aduanero. La misma producirá efectos desde el día 1º de agosto y serán de aplicación para la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento se produjera desde dicha data. A los efectos de fijar las referida tasas de interés se tuvieron en cuenta distintos criterios, por ej. si las obligaciones a cancelar estaban fijadas en pesos o en dólares estadounidenses, así como también si los intereses debían ser soportados por un contribuyente o por el propio Fisco Nacional. Las alícuotas correspondientes serán publicadas al inicio de cada trimestre calendario en el sitio institucional web de la AFIP.

» Proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades. | ^arriba

El 5 de junio del corriente año se presentó ante el Senado de la Nación un proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades que unifica en un solo cuerpo normativo los distintos tipos societarios previstos en la Ley 19.550 y las sociedades por acciones simplificadas (SAS) de la Ley 27.349. Entre los principales cambios que incorpora el proyecto en comentario cabe citar: 1) Los socios tendrán la posibilidad de constituir sociedades unipersonales bajo el tipo societario que elijan, eliminando la condición de que sean únicamente sociedades anónimas o SAS; 2) La implementación de una página web societaria, su creación deberá inscribirse en el Registro Público, la misma será administrada por el directorio o administrador, y en ella podrá insertarse documentos de la sociedad, de acceso libre y gratuito, y constituir un canal de comunicación con los socios; 3) Se prevé el instituto del arbitraje, mediante la inclusión de una cláusula compromisoria que someta en forma obligatoria las diferencias entre socios, o entre estos y la sociedad o los integrantes de los órganos sociales al arbitraje o a la amigable composición; 4) La implementación de políticas empresarias en interés de un grupo societario, mediante la compensación de daños con beneficios recibidos o previsibles provenientes de la aplicación de una política grupal; 5) Una mayor precisión en cuanto a las facultades y al régimen de responsabilidad de administradores; 6) En particular, respecto de las S.R.L. se prevé: 6.1. la eliminación del número máximo de socios (actualmente 50) y del valor nominal de las cuotas, el cual podrá ser de libre elección de los socios; 6.2. la obligación de contar con un libro de cuotas donde se asentarán todas las cesiones que se efectúen, no siendo necesaria la inscripción del contrato de cesión de cuotas en el Registro Público; 6.3. una modificación en el régimen de mayorías; 7) Con respecto a las S.A.: 7.1. el Capital social mínimo será el equivalente a 40 salarios mínimos, vitales y móviles; 7.2. se establecen mayores precisiones en cuanto al tratamiento de la prima de emisión; 7.3. se prevé la emisión de acciones sectoriales, que darán a sus tenedores el derecho a recibir dividendos resultantes de las utilidades realizadas y líquidas producidas por uno o más sectores de actividad, o uno o más proyectos específicos; 7.4. se modifica el régimen de dividendos y su distribución; 7.5. los administradores podrán ser personas humanas o jurídica, no siendo necesario la reunión trimestral actualmente prevista en la Ley 19.550; 7.6. la Sindicatura seguirá siendo integrada por profesionales abogadoso contadores públicos, pero se establece la exigencia de una antigüedad no menor a 5 años de ejercicio de la profesión, lo mismo rige para las sociedades de profesionales; 7.7. se reducen las causales de inclusión de sociedades en el marco del art. 299 (control estatal permanente); 8) las SAS pasan a integrar la Ley General de Sociedades.

» Ejecución fiscal electrónica. | ^arriba

A través de la Acordada No. 15/2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la puesta en marcha del expediente digital en materia de ejecuciones fiscales a cargo de la AFIP, conforme lo previsto en la Ley 11.683 (tributos cuya recaudación se encuentra a cargo del citado organismo). La acordada en cuestión fue dictada el 4 de junio de 2019 y contiene un reglamento básico, con delegación al organismo técnico pertinente del Poder Judicial de la Nación para que disponga la implementación paulatina del sistema, que será obligatorio para la AFIP (parte actora) como para los contribuyentes (parte demandada) y sus correspondientes letrados, como así también para los magistrados y funcionarios intervinientes. Es de merituar la obligatoriedad de la firma digital (cfme. Ley 25.506) y del expediente digital (cfme. Ley 26.685) puesto que ambos dispositios tienden, como era de esperar, a la sustitución del formato papel y a la agilidad del trámite, derivando todo ello en beneficio para el movimiento diario de los Juzgados y Cámaras de Apelación competentes en la materia y de los usuarios o destinatarios finales.

Acompañamos el texto de la Acordada 15/2019 en este link

» Publicaciones en el Boletín Oficial de la Nación. | ^arriba

Con fecha 13 de agosto de 2019 se dictó la Disposición No. 4/2019 de la Secretaría Legal y Técnica de la Dirección Nacional del Registro Oficial la cual dispone que todas las publicaciones de avisos o edictos sobre personas jurídicas deberán contener dentro del texto a publicar la mención de la Clave de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de la entidad que efectúe la publicación. El objetivo que se persigue mediante la Disposición es simplificar y agilizar la búsqueda y hallazgo de las publicaciones, ya que la C.U.I.T. constituye un requisito indispensable para el funcionamiento e individualización de las operaciones económicas y también para muchísimas otras cuestiones de índole legal de las personas jurídicas (ej. en temas societarios, cambiarios, de comercio exterior, etc.) y para la realización de los trámites vinculados a sus actividades. La normativa entrará en vigor a partir del 1° de septiembre de 2019.

Acompañamos el texto de la Disposición 4/2019 en este link

» El caso de los “Echeqs” apócrifos. | ^arriba

Con motivo de la puesta en marcha del sistema de cheques electrónicos (“ECHEQs”) a partir de la normativa del Banco Central de la República Argentina y su implementación por las entidades financieras autorizadas a operar en dicho segmento, se inicia la discusión técnica acerca del supuesto de los casos de falsificación o adulteración en la emisión del mismo. Indudablemente nos encontramos en presencia del denominado “fraude electrónico”, para lo cual debemos tener presente que desde hace un tiempo nuestra legislación penal ha incorporado la equivalencia entre el documento papel y el documento electrónico a los fines de la investigación y juzgamiento de los delitos incluídos en la matriz correspondiente (Ley 26.388, arts. 153, 153 bis, 155 y ccds. del Código Penal Argentino, Ley 25.506, etc.). La causal de rechazo del título valor electrónico es concretamente la de “adulteración o emisión apócrifa”. De ocurrir un evento de esa naturaleza el librador, el beneficiario y/o el endosante deberán denunciar por cualquier medio de manera inmediata a la entidad financiera girada, ratificando personalmente la misma en el día y ante cualquier sucursal para que se dé inmediato aviso al reservorio administrado por COELSA. La entidad financiera suspenderá la posibilidad de librar nuevos “ECHEQs” o endosarlos hasta dar cumplimiento a la obligación de presentar constancia de haber denunciado el hecho como posible delito y sólo rehabilitará el sistema si del análisis que efectúe sobre las circunstancias del caso no se justifique mantener la suspensión.
 

» Pago de salarios mediante la herramienta “Bitcoin”.| ^arriba

Como es sabido se trata de una criptomoneda, que comenzó a operar en el mercado mundial de transacciones en el año 2010 y fue desarrollándose, con altibajos, hasta nuestros días. Motivo de permanente atención por los reguladores bursátiles y también bancarios, siempre acompañada por la incertidumbre de su encuadre legal tanto en los países centrales como en los periféricos. Ciertamente su utilización no ha cesado sino que por el contrario se ha incrementado. En la medida que carece de virtud normativa a través del Parlamento o Gobierno de alguna soberanía es dudosa su consideración como “dinero” (moneda de curso legal), pese a que de hecho es una moneda para la ciencia económica. Sobre ella se han efectuado varios ensayos en doctrina especializada (local y extranjera), ej. en el derecho laboral, financiero, regulatorio, etc. El art. 105 de la Ley 20.744 y modif. no permitiría su utilizacion para el pago de las remuneraciones (en tanto dice: “…el salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias…”) y reiterado en el art. 107: “…Las remuneraciones que se fijen por las convenciones colectivas deberán expresarse, en su totalidad, en dinero. El empleador no podrá imputar los pagos en especie más del veinte (20) por ciento del total de la remuneración…” Quedaría entonces como alternativa (cumpliendo otros aspectos inherentes a cada situación particular) que la Bitcoin cancele hasta un quinto de los rubros remunerativos.Aún así debemos tener presente que una normativa supra-nacional (Convenio 95 de la OIT, art. 3°) es contraria a tal posibilidad y podría constituirse en escollo a la misma (“…Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere no representativa de la moneda de curso legal…”).
 

 

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