Memorandum-septiembre 2020

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noviembre
Número 190- Año XV, Septiembre de 2020
 

Lectura sugerida:

» Rumores y dificultades en el mercado cambiario

Jugando con fuego: el virtual "feriado bancario" hace subir el
nerviosismo de los ahorristas y ya salieron u$s500 millones

Aumenta el ritmo de retiros de depósitos en dólares, mientras en las
redes sociales se fogonean todo

 

 

»MERCADO DE CAMBIOS.. | ^arriba

Por medio de la Comunicación “A” 7094, de fecha 27/08/2020 el BCRA prorrogó hasta el 31/10/2020 la vigencia de las medidas dispuestas en los puntos 2 y 3 de la Comunicación “A” 7030. Cabe recordar que las mismas establecen la necesidad de obtener la conformidad previa de la entidad para acceder al Mercado de Cambios para la realización de pagos de importaciones de bienes o cancelación de capital por deudas originadas en la importación de bienes o la cancelación de servicios de intereses por endeudamientos financieros con el exterior cuando el acreedor sea una contraparte vinculada al deudor. Asimismo se reemplaza el inciso iv) del punto 1.a. de la Comunicación “A” 7030 incorporado por la Comunicación “A” 7042. De acuerdo a la nueva redacción se pueden mantener activos externos líquidos en el exterior en exceso de US$100.000 cuando: “…iv) se trate de fondos depositados en cuentas bancarias del exterior originados en endeudamientos financieros con el exterior y su monto no supere el equivalente a pagar por capital e intereses en los próximos 365 días corridos…” De este modo se amplía el plazo anterior fijado en 120 días.

 

»DEUDA PUBLICA. TITULOS EMITIDOS BAJO LEY ARGENTINA. | ^arriba

Con fecha 08/08/2020 fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la Ley No. 27.556 sobre Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública instrumentada en títulos emitidos bajo ley de la República Argentina, la cual fue declarada de orden público. La norma dispone la reestructuración de la deuda del Estado Nacional instrumentada en títulos públicos denominados en Dólares Estadounidenses, llamados “títulos elegibles” y detallados en el Anexo I de la ley, mediante una operación de canje cuyos términos y condiciones se detallan en su Anexo II. Asimismo, bajo su Anexo III, dispone la emisión de “nuevos títulos” denominados en Dólares Estadounidenses y Pesos, determinándose allí los montos máximos y las condiciones financieras de aquellos. Cabe destacar que los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear prevista en la ley continuarán bajo el régimen de postergación de pagos hasta el 31/12/21. Si se acepta el canje y se procede a liquidar la operación correspondiente los tenedores que a esa fecha no hubieran adherido podrán hacerlo al amparo de esta ley mediante notificación a la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Economía). En ésos casos sólo se reconocerán los intereses devengados hasta la fecha de entrada en vigencia del Decreto No. 346/20.

Acompañamos el texto de la Ley 27556 en este link

»CONTRATACION ELECTRONICA. NEGACION DE LA VIA EJECUTIVA. | ^arriba

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, en su fallo del 20/05/2020 en autos “Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Dubois, Christian s/Ejecutivo” (confirmando el decisorio de primera instancia) resolvió que no resulta admisible la vía ejecutiva para exigir el cumplimiento de un contrato electrónico celebrado mediante la modalidad de “click-wrap”. Sostuvo que un contrato electrónico que se materializó por la aceptación del demandado de sus términos y condiciones al hacer click en un botón de “aceptar”, “no se basta a sí mismo” sino que necesita, sí o sí, otros medios de prueba que lo complementen y, por ende, “no contiene una deuda líquida y exigible” pasible de ejecución cambiaria. Este fallo resulta de especial relevancia considerando el auge de las nuevas tecnologías y su impacto en materia de contratos. Sin embargo la contracara de esa cuestión es el no acomodamiento a ciertos institutos de ejecución judicial para estos supuestos. Bajo el criterio asumido por nuestros tribunales, cabría concluir que a fin de que un contrato electrónico de tal naturaleza sea considerado título ejecutivo debería contar (como mínimo) con la firma digital de las partes intervinientes (cfme. Ley 25.506 y su reglamentación). De otro modo una ventaja indudable de la garantía ínsita en el negocio se pierde para el acreedor.

 

»TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION. | ^arriba

Por medio de la Resolución No. 39/20 del organismo jurisdiccional se aprobó el “PROTOCOLO PARA TRABAJO PRESENCIAL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION” (Anexo N° IF-2020-57688000-APN-CG#TFN), que rige para el personal del mismo (TFN). Allí se instruye sobre los síntomas de COVID-19 y las diversas formas de transmisión, las herramientas de protección que deben portar el personal de manera constante en su lugar de trabajo como la constante higienización de manos, objetos y espacios de trabajo; el mecanismo a llevar a cabo ante síntomas del trabajador en el ámbito laboral como en su domicilio y las medidas de higiene para el personal que atiende al público, atención personalizada, etc. Se subraya la importancia y criticidad del cumplimiento de las pautas y recomendaciones que ilustra el Protocolo y se establece que el cumplimiento de las mismas se fundamenta en el Artículo 23 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1.421. Recordemos que el texto en comentario se encuentra vigente atento el levantamiento de la feria judicial extraordinaria, retomándose el curso de los plazos respecto de los expedientes electrónicos; en tanto se mantiene la feria extraordinaria -y consiguiente suspensión de plazos- respecto de todos los expedientes que tramitan en soporte papel.

 

Acompañamos el texto de la Resolución 39 en este link

 

»SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR. PLAZOS PROCEDIMENTALES. | ^arriba

El órgano responsable de la tramitación de los expedientes en el marco de las leyes de metrología, de lealtad comercial, de defensa del consumidor y de defensa de la competencia dictó la Resolución No. 260/2020 publicada el 1 de Septiembre de 2020. Cabe recordar que por la Resolución Nº 98 del organismo se suspendieron los plazos procedimentales en los expedientes correspondientes a conflictos emergentes por la aplicación de las Leyes N° 19.511, 22.802, 24.240, 25.156, 26.993, y 27.442, sus normas modificatorias y complementarias por el período comprendido desde el día 16 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de marzo de 2020. Luego se prorrogó lo allí dispuesto mediante la Resolución Nº 105 y se suspendieron las audiencias de conciliación previstas en el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Ahora se dispuso nuevamente una prórroga pero con modalidad segmentada, asi: a) la prórroga alcanza a los casos regidos por las Resoluciones 98 y 105 sólo en aquellos expedientes que se encuentren tramitando y en tanto ellos no estén vinculados con actividades declaradas esenciales (según dispone el DNU N° 297/2020) y b) al plazo para realizar la verificación periódica de los instrumentos de medición regidos por la Resolución No. 73/03 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (Metrología), hasta la fecha en que cesen las medidas del DNU No. 297/2020 arriba mencionado.

 

»DERECHO DEL TRABAJO. ACUERDOS DEL ART. 241 L.C.T. | ^arriba

La extinción de un contrato de trabajo a través de la celebración de un acuerdo en los términos del art. 241 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) no requiere, para su validez, de la intervención de una autoridad administrativa o judicial que lo homologue. Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10/09/20 en el marco del recurso de queja promovido por la demandada en los autos "Ocampo, Alessio Matías Yair c/BGH S.A. s/despido" (CNT 46778/2014), quien fuera condenada en primera y segunda instancia al pago de las indemnizaciones por despido pese a no haberse acreditado la existencia de un vicio de la voluntad del trabajador en el acuerdo de extinción del contrato de trabajo bajo el encuadre del art. 241 de la LCT. Los fallos anteriores habían fundado tal decisión en la falta de intervención de autoridad judicial o administrativa y la falta de una resolución homologatoria del acuerdo que considerara que hubo una justa composición de derechos, conforme lo prevé el art. 15 de la LCT. Frente a ello, el Máximo Tribunal consideró que no resulta necesaria “la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado” en el art. 241, entendiendo que “la ley sólo establece dicha exigencia para los supuestos de "acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa"”, concluyendo entonces que el acto en cuestión era completamente válido.

 

 

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