REFORMAS AL REGIMEN DE LOCACIONES.

El pasado 1/07/2020 entró en vigencia la Ley N° 27.551 que dispone la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación (“CCCN”), en varios artículos referidos a los contratos de locación de inmuebles. Entre las principales novedades y modificaciones que incluye la ley en cuestión, se destacan: (i) La extensión del plazo mínimo de duración de los contratos de alquiler 3 años, cualquiera sea su destino; (ii) La fijación de los ajustes de los contratos, que serán anuales y efectuados de acuerdo a un promedio entre el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que será publicado mensualmente por el Banco Central; (iii) La obligación de declarar el contrato ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dentro del plazo que ésta establezca y en caso de incumplimiento, podrá hacerlo el inquilino; (iv) La reducción del depósito en garantía al importe equivalente al primer mes del alquiler y una devolución con el equivalente al importe del último mes del alquiler; (v) La creación del Plan Nacional de Alquiler Social, que estará destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal, teniendo en cuenta -entre otros aspectos- las personas que se encuentren en situación de violencia de género (arts. 17°, 18°, 19° y 20° de la ley); (vi) Que el pago de las expensas extraordinarias y del ABL se encontrarán a cargo del locador; (vii) El fomento por parte de la cartera de Justicia, de instancias de resolución alternativa de conflictos o mediación gratuitos o a bajos costos; (viii) La facultad de compensar automáticamente los gastos y acreencias que estuvieren a cargo del locador y que el locatario debiese afrontar (por ejemplo, reparaciones urgentes que el locatario debe realizar atento al silencio o negación del locador) con los cánones locativos; (ix) La facultad del locatario de resolver unilateralmente el contrato sin pagar indemnización alguna, para el caso en que hubieren transcurrido al menos seis (6) meses de contrato, cuando la notificación de resolución fuere efectuada con una anticipación de tres (3) o más meses. Asimismo, dispone que en todos los casos el locatario deberá notificar la resolución con al menos un (1) mes de antelación. Cabe destacar que la obligación de abonar una indemnización equivalente a un mes y medio de alquiler para el caso de rescisión dentro del primer año, y un mes para rescisión posterior, se mantiene vigente, con la excepción antedicha; (x) La previsión de que, dentro de los últimos tres (3) meses de la relación locativa –en contratos de locación de vivienda-, cualquiera de las partes puede notificar fehacientemente a la otra a fin de acordar la renovación del contrato. Si fuere el locatario quien emite tal notificación y ante el “silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado”, el locatario puede resolver el contrato de manera anti

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El pasado 1/07/2020 entró en vigencia la Ley N° 27.551 que dispone la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación (“CCCN”), en varios artículos referidos a los contratos de locación de inmuebles. Entre las principales novedades y modificaciones que incluye la ley en cuestión, se destacan: (i) La extensión del plazo mínimo de duración de los contratos de alquiler 3 años, cualquiera sea su destino; (ii) La fijación de los ajustes de los contratos, que serán anuales y efectuados de acuerdo a un promedio entre el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que será publicado mensualmente por el Banco Central; (iii) La obligación de declarar el contrato ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dentro del plazo que ésta establezca y en caso de incumplimiento, podrá hacerlo el inquilino; (iv) La reducción del depósito en garantía al importe equivalente al primer mes del alquiler y una devolución con el equivalente al importe del último mes del alquiler; (v) La creación del Plan Nacional de Alquiler Social, que estará destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal, teniendo en cuenta -entre otros aspectos- las personas que se encuentren en situación de violencia de género (arts. 17°, 18°, 19° y 20° de la ley); (vi) Que el pago de las expensas extraordinarias y del ABL se encontrarán a cargo del locador; (vii) El fomento por parte de la cartera de Justicia, de instancias de resolución alternativa de conflictos o mediación gratuitos o a bajos costos; (viii) La facultad de compensar automáticamente los gastos y acreencias que estuvieren a cargo del locador y que el locatario debiese afrontar (por ejemplo, reparaciones urgentes que el locatario debe realizar atento al silencio o negación del locador) con los cánones locativos; (ix) La facultad del locatario de resolver unilateralmente el contrato sin pagar indemnización alguna, para el caso en que hubieren transcurrido al menos seis (6) meses de contrato, cuando la notificación de resolución fuere efectuada con una anticipación de tres (3) o más meses. Asimismo, dispone que en todos los casos el locatario deberá notificar la resolución con al menos un (1) mes de antelación. Cabe destacar que la obligación de abonar una indemnización equivalente a un mes y medio de alquiler para el caso de rescisión dentro del primer año, y un mes para rescisión posterior, se mantiene vigente, con la excepción antedicha; (x) La previsión de que, dentro de los últimos tres (3) meses de la relación locativa –en contratos de locación de vivienda-, cualquiera de las partes puede notificar fehacientemente a la otra a fin de acordar la renovación del contrato. Si fuere el locatario quien emite tal notificación y ante el “silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado”, el locatario puede resolver el contrato de manera anti

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